El último golpe de Estado con éxito lo dio la izquierda
Sábado, 05/Mar/2022 Emilio Contreras El Debate
El Proyecto de Ley de Memoria Democrática, enviado al Congreso por el Gobierno, es un ejemplo de sectarismo porque no hay en el texto la menor alusión a la violencia en el sector republicano en los tres años de Guerra Civil. Valgan como ejemplo los hechos que aquí se describen.
Siete de la tarde del 5 de marzo de 1939 en el sótano del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá de Madrid. Allí están algunos de los miembros del recién creado Consejo Nacional de Defensa. Lo integran, entre otros, Julián Besteiro, catedrático de la Universidad Central y uno de los dirigentes históricos del PSOE; Wenceslao Carrillo, también dirigente socialista –padre de Santiago Carrillo, que en 1936 había abandonado las filas socialistas para ingresar en el Partido Comunista–, o Cipriano Mera, anarquista de larga militancia y entonces al mando del IV Cuerpo del Ejército Popular de la República. Preside el Comité el general José Miaja, jefe supremo del Ejército. Pero el hombre clave es el coronel Segismundo Casado, que había sido jefe de la Escolta del Presidente de la República y en esos momentos era jefe del Ejército Popular del Centro.
Julián Besteiro, envejecido y demacrado –hay una foto que se puede encontrar fácilmente en internet–, se coloca ante un micrófono por el que va anunciar el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Negrín, socialista como él y presidente del Consejo de Ministros de la II República desde mayo de 1937.
La discrepancia de fondo y el enfrentamiento de los sublevados con Negrín era radical desde comienzos de 1939. Los miembros del Consejo Nacional de Defensa sostenían que la guerra estaba perdida para la República a partir de febrero, cuando cayó Cataluña. Para ellos no tenía sentido que siguieran muriendo españoles inútilmente, mientras que Negrín era partidario de continuar la guerra para enlazarla con la que iba a estallar en Europa, que él consideraba inminente. Pero solo contaba con el apoyo del Partido Comunista y del minoritario sector «negrinista» del PSOE. Con los sublevados estaban la casi totalidad de los partidos que integraron el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, más los anarquistas. El general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, que en febrero había huido a Francia, era también contrario a seguir la lucha en una guerra que consideraba perdida.
Besteiro anunció la sublevación en un mensaje radiado, y el Consejo Nacional de Defensa ordenó tomar los edificios civiles y militares de Madrid. El 5 de marzo de 1939 comenzó una guerra civil dentro de la Guerra Civil. Tras una semana de duros enfrentamientos, los partidarios de Besteiro y Casado derrotaron a los de Negrín. El periódico El Socialista, controlado por los seguidores de Besteiro, celebró el éxito del golpe «como una victoria que impedía que la España republicana se convirtiera en una colonia soviética». El balance fue de unos dos mil muertos; no todos en la lucha, porque hubo tiempo para juicios sumarísimos como el del coronel comunista Luis Barceló, hecho prisionero por los sublevados, juzgado en un consejo de guerra, condenado a fin por «rebelión militar» y fusilado por los seguidores de Besteiro y Casado el 24 de marzo de 1939. Cuatro días después, las tropas de Franco entraban en Madrid.
Negrín y sus colaboradores no esperaron a conocer el desenlace del golpe, y en la madrugada del 7 de marzo huyeron desde el aeródromo de Monóvar (Alicante) en tres aviones Douglas que los llevarían a Toulouse y a Argel.
Recuerdo estos hechos no porque ahora se cumplan 83 años del último golpe de Estado dado en España con éxito, sino para poner en evidencia el sectarismo que impregna el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, cuya vigencia aspira a cubrir el tiempo que va desde el comienzo de la Guerra Civil, en julio de 1936, hasta la promulgación de la Constitución, en diciembre de 1978.
En el artículo segundo «se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936», pero nada se dice del golpe del 5 de marzo de 1939.
¿Es que sus autores no quieren ver que la izquierda española no está libre de culpa en el horror de lo que ocurrió en los tres años de Guerra Civil? Relean la carta que Indalecio Prieto escribió a Juan Negrín en julio de 1939 en la que afirmaba: «Pocos españoles de la actual generación están libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno». Peter Brown, uno de los más importantes historiadores vivos, afirmó en mayo del año pasado: «Peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento».
Cuando ahora se quiere ajustar cuentas con el pasado, conviene recordar lo que se hizo en los años de la Transición. Entonces el Gobierno de UCD, con el apoyo de la mayoría de los partidos, reintegró en los cuerpos de la Administración del Estado a los funcionarios que habían sido expulsados por motivos políticos al terminar la guerra, con la categoría, la remuneración y las pensiones, a ellos o a sus herederos, que les habrían correspondido de haber permanecido en sus puestos durante esos cuarenta años. Se devolvió a los partidos y sindicatos de izquierda los inmuebles que les fueron incautados, y cuando algunos de ellos habían sido demolidos o vendidos, se les compensó con edificios propiedad del Estado. A los familiares de quienes habían muerto por causa de la guerra, en cualquiera de los dos bandos, se les dio una compensación económica de cien mil pesetas.
La mayor prueba de que lo que acabo de recordar es cierto es que en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática se propone la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales de excepción tras la guerra y la posguerra, pero se añade que la anulación no dará lugar «a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional». Eso sí, se reconoce «el derecho a obtener una declaración o reparación personal». Ahora ofrecen un papel cuando hace más de cuarenta años se indemnizó con dinero contante y sonante.
Lo que se hizo en los años de la Transición sí fue memoria democrática.
Emilio Contreras es periodista.
La verdad sobre la escalada de violencia en la Segunda República: más de dos mil muertos en las calles
Los datos más precisos apuntan a 196 muertos en el año 1931, 190 en 1932, 311 en 1933, 1.457 en 1934, 46 en 1935 y 428 en 1936. Las arbitrariedades del Frente Popular añadieron más peligro al cóctel previo a la Guerra Civil
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1931. Ola de delincuencia posterior a la proclamación de la Segunda república ABC MULTIMEDIA
ÉSAR CERVERA
17/02/2020
Actualizado 18/02/2020 a las 00:41h.
119
La mayoría de los historiadores coinciden en que hasta el último momento fue posible evitar un escenario tan terrible como la Guerra Civil. Cuestión aparte es que alguna de las partes implicadas quisiera ya hacerlo. Quieran, en definitiva, renunciar a la violencia. La Segunda República no fue el oásis de paz destrozado por las fuerzas conservadoras que cuenta el mito, sino un proyecto que no supo tender manos entre moderados y donde las fuerzas radicales, como en el resto de Europa, apostaron pronto por métodos no democráticos.
Tras la proclamación de la Segunda República hubo en la izquierda una voluntad mayoritaria, no compartida por fuerzas radicales como los anarquistas o comunistas, de establecer una democracia plena. Sin embargo, no existía en el país una cultura política, a izquierda y derecha, capaz de tejer puentes y crear consensos en un periodo marcado en el exterior por el auge de los régimenes totalitarios.
Como explica el hispanista Stanley G. Payne en su último libro «La revolución española: 1936-1939» (Espasa) , en sus primeros cinco años de Segunda República, hasta las elecciones de febrero de 1936, los gobiernos respetaron las reglas esenciales de una democracia constitucional, «aunque su conducta y sus procedimientos fueron deficientes en algunos aspectos, como el respeto de los derechos civiles». En cualquier caso, esta «democracia poco democrática», como la definió el historiador Javier Tusell , se desarrolló en paralelo a un proceso revolucionario cada vez más violento que ninguna democracia podía asumir sin un acuerdo que superara las barreras ideológicas.
La falta de cultura democrática
Este movimiento revolucionario se alimentó con los efectos de la Gran Depresión y con la incapacidad de la Segunda República de gobernar para todos los españoles. Como señala G. Payne en la mencionada obra, si bien la mayor parte de los españoles eran moderados o claramente católicos y conservadores, existían desde la génesis de la república unas minorías radicales y revolucionarias, tanto a la derecha como a la izquierda , que se aprovecharon de las oportunidades de este régimen democrático en proceso de consolidarse e inmerso en una crisis económica y política a nivel global.
«La dificultad para asentar un régimen democrático en la España de los años treinta tuvo mucho que ver con el muy generalizado desprecio de los actores políticos hacia la cultura liberal del pacto», asegura el historiador Fernando del Rey en la obra colectiva «Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española» donde ejerce como coordinador.
«Actitudes como pactar y dialogar, fundamentales en cualquier sistema que aspire a proteger y amparar el pluralismo social y político, fueron denostadas como parte de otra época ya extinta», apunta este mismo autor.
La misma Constitución de 1931 , concebida por los partidos políticos de izquierda, sin el consenso de un amplio espectro ideológico, estuvo construida bajo la poco democrática premisa de que los republicanos de izquierda siempre controlarían el poder. De igual manera los republicanos de izquierda no contaron con la otra España para llevar a cabo la reforma militar, la reforma agraria o para abordar una nueva relación entre Iglesia y Estado, planteadas más con un sentido revanchista que como una búsqueda de consenso sobre temas que la gran mayoría de los españoles también querían reformar. Como decía el propio Niceto Alcalá-Zamora , presidente de la República Española entre 1931 y 1936, insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil»:
«Han hecho de la República más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio de fundador».
Como decía el propio Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República Española entre 1931 y 1936, insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil»
Ortega y Gasset , por su parte, criticó que esos líderes republicanos de izquierda estuvieran más ocupados en una vuelta a obsesiones del pasado que en problemas apremiantes de esa décadas. El propio Manuel Azaña , en un discurso en febrero de 1930, presumía de sectarismo:
«No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como este, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libre examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progresismo social! Con este ánimo se trae la República, si queremos que nazca sana y vividera».
El «giro bolchevique»
Fue precisamente la falta de cultura de pacto y ese empeño por centrarse en los elementos de discordia lo que arrojó a muchos elementos de izquierda a postulados revolucionarios en cuanto el electorado decidió que el poder pasara a manos del centro derecha en 1933. El PSOE, que en la coalición del primer gobierno republicano actuó con responsabilidad y hasta moderación, mostró entonces su falta de madurez en comparación con los socialdemócratas alemanes y de otros países europeos.
Su derrota en las elecciones generales de noviembre de 1933 provocó el «giro bolchevique» de muchos de sus líderes, entre ellos Largo Caballero, «el Lenin español» , que se convenció de que solo con medidas radicales se podía alcanzar una reforma social del país. Así lo expresó, sin disimulos, en un mitin de ese mismo año:
«Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible; después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen».
Actitud muy distinta a la que el partido tuvo en Francia, donde el socialismo accedió en 1936 a participar en un gobierno democrático «burgués» para impedir que el comunismo desembarcara en el país vecino. Los socialistas hicieron exactamente lo contrario en España. Junto a los comunistas, Largo Caballero encendió en las sombras la mecha de la Revolución de Octubre de 1934 , si bien negó cualquier responsabilidad en aquellos hechos donde Asturias fue tomada por la CNT. Se registraron actos violentos en quince provincias y en total murieron 1.400 personas. Además, el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys ,
Carrillo y las matanzas de Paracuellos en la Guerra Civil
MASACRE POR ACLARAR
A finales de 1936, en Paracuellos del Jarama fueron fusilados más de dos mil opositores a la República. La responsabilidad sigue atizando el debate
Pedro Muñoz Seca 1936: de Barcelona a Paracuellos
Santiago Carrillo (centro) en una reunión del PCE en Toulouse en 1945.A su izqda., Enrique Líster y Francisco Antón. A su dcha., Dolores Ibárruri y Joan Comorera.
EFE/Archivo Enrique Líster López/jgb
Francisco Martinez Hoyos
28/11/2021 07:00Actualizado a 29/11/2021 13:36
33
¿Quién no se ha reído alguna vez con la trama estrambótica de La venganza de don Mendo? El autor de esta hilarante parodia de los dramas románticos, Pedro Muñoz Seca (1879-1936), murió asesinado hace 85 años en Paracuellos de Jarama. Se cuenta que mantuvo su humor hasta el final y se dirigió en estos términos al pelotón que lo iba a acabar: “Podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso –como estáis al hacer– mi vida. Pero hay una cosa que no podéis quitarme: ¡el miedo que tengo ahora mismo!”.
Católico y monárquico, el conocido escritor fue una de tantas personas que acabó masacrada durante el crimen que más contribuyó, en la Guerra Civil, a manchar la imagen de la Segunda República. Excepción hecha, por supuesto, de los miles de asesinatos contra el clero católico.
Lee tambiénLa verdad sobre la quema de conventos en la Segunda República
FRANCISCO MARTÍNEZ HOYO
Entre el 7 de noviembre y el 8 de diciembre de 1936, centenares de prisioneros fueron trasladados desde diversas cárceles de Madrid, pero muchos nunca llegaron a su destino. En Paracuellos y Torrejón de Ardoz cayeron fusilados alrededor de dos mil cuatrocientos, víctimas de la histeria que reinaba en Madrid ante el avance de los sublevados.
En aquellos momentos parecía muy posible que la capital acabara rindiéndose ante Franco. Se temía, sobre todo, la brutalidad de sus tropas de élite, de las que se esperaba que se entregaran al saqueo y las violaciones en masa. El hecho de que la aviación rebelde distribuyera octavillas amenazadoras, en las que se hablaba de acabar a cinco republicanos por cada preso de derechas que muriera, contribuyó a encrespar los ánimos. Como señala el historiador Ángel Viñas, “no se trató de una medida muy inteligente”.
únkeres de ametralladoras en el Parque del Oeste, línea del frente durante la batalla de Madrid.
Dominio público
A los republicanos les preocupaba, además, que los presos de sus cárceles aprovecharan la situación y consiguieran unirse a los sublevados. Por todas partes se hablaba de detener a la Quinta Columna, el supuesto grupo que trabajaba para hundir desde dentro la resistencia del bando gubernamental.
El general Mola había presumido imprudentemente de la existencia de estos infiltrados que iban a facilitar las cosas a las tropas alzadas. Su comentario provocó, como era de esperar, un estado de psicosis entre los defensores de Madrid. Pero, según ha señalado Javier Cervera en su tesis doctoral, tal quinta columna no existía en el otoño de 1936. Por lo que parece, el miedo entre las filas republicanas no respondía tanto a una circunstancia objetiva como a una percepción muy distorsionada del peligro.
Sábado, 05/Mar/2022 Emilio Contreras El Debate
El Proyecto de Ley de Memoria Democrática, enviado al Congreso por el Gobierno, es un ejemplo de sectarismo porque no hay en el texto la menor alusión a la violencia en el sector republicano en los tres años de Guerra Civil. Valgan como ejemplo los hechos que aquí se describen.
Siete de la tarde del 5 de marzo de 1939 en el sótano del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá de Madrid. Allí están algunos de los miembros del recién creado Consejo Nacional de Defensa. Lo integran, entre otros, Julián Besteiro, catedrático de la Universidad Central y uno de los dirigentes históricos del PSOE; Wenceslao Carrillo, también dirigente socialista –padre de Santiago Carrillo, que en 1936 había abandonado las filas socialistas para ingresar en el Partido Comunista–, o Cipriano Mera, anarquista de larga militancia y entonces al mando del IV Cuerpo del Ejército Popular de la República. Preside el Comité el general José Miaja, jefe supremo del Ejército. Pero el hombre clave es el coronel Segismundo Casado, que había sido jefe de la Escolta del Presidente de la República y en esos momentos era jefe del Ejército Popular del Centro.
Julián Besteiro, envejecido y demacrado –hay una foto que se puede encontrar fácilmente en internet–, se coloca ante un micrófono por el que va anunciar el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Negrín, socialista como él y presidente del Consejo de Ministros de la II República desde mayo de 1937.
La discrepancia de fondo y el enfrentamiento de los sublevados con Negrín era radical desde comienzos de 1939. Los miembros del Consejo Nacional de Defensa sostenían que la guerra estaba perdida para la República a partir de febrero, cuando cayó Cataluña. Para ellos no tenía sentido que siguieran muriendo españoles inútilmente, mientras que Negrín era partidario de continuar la guerra para enlazarla con la que iba a estallar en Europa, que él consideraba inminente. Pero solo contaba con el apoyo del Partido Comunista y del minoritario sector «negrinista» del PSOE. Con los sublevados estaban la casi totalidad de los partidos que integraron el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, más los anarquistas. El general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, que en febrero había huido a Francia, era también contrario a seguir la lucha en una guerra que consideraba perdida.
Besteiro anunció la sublevación en un mensaje radiado, y el Consejo Nacional de Defensa ordenó tomar los edificios civiles y militares de Madrid. El 5 de marzo de 1939 comenzó una guerra civil dentro de la Guerra Civil. Tras una semana de duros enfrentamientos, los partidarios de Besteiro y Casado derrotaron a los de Negrín. El periódico El Socialista, controlado por los seguidores de Besteiro, celebró el éxito del golpe «como una victoria que impedía que la España republicana se convirtiera en una colonia soviética». El balance fue de unos dos mil muertos; no todos en la lucha, porque hubo tiempo para juicios sumarísimos como el del coronel comunista Luis Barceló, hecho prisionero por los sublevados, juzgado en un consejo de guerra, condenado a fin por «rebelión militar» y fusilado por los seguidores de Besteiro y Casado el 24 de marzo de 1939. Cuatro días después, las tropas de Franco entraban en Madrid.
Negrín y sus colaboradores no esperaron a conocer el desenlace del golpe, y en la madrugada del 7 de marzo huyeron desde el aeródromo de Monóvar (Alicante) en tres aviones Douglas que los llevarían a Toulouse y a Argel.
Recuerdo estos hechos no porque ahora se cumplan 83 años del último golpe de Estado dado en España con éxito, sino para poner en evidencia el sectarismo que impregna el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, cuya vigencia aspira a cubrir el tiempo que va desde el comienzo de la Guerra Civil, en julio de 1936, hasta la promulgación de la Constitución, en diciembre de 1978.
En el artículo segundo «se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936», pero nada se dice del golpe del 5 de marzo de 1939.
¿Es que sus autores no quieren ver que la izquierda española no está libre de culpa en el horror de lo que ocurrió en los tres años de Guerra Civil? Relean la carta que Indalecio Prieto escribió a Juan Negrín en julio de 1939 en la que afirmaba: «Pocos españoles de la actual generación están libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno». Peter Brown, uno de los más importantes historiadores vivos, afirmó en mayo del año pasado: «Peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento».
Cuando ahora se quiere ajustar cuentas con el pasado, conviene recordar lo que se hizo en los años de la Transición. Entonces el Gobierno de UCD, con el apoyo de la mayoría de los partidos, reintegró en los cuerpos de la Administración del Estado a los funcionarios que habían sido expulsados por motivos políticos al terminar la guerra, con la categoría, la remuneración y las pensiones, a ellos o a sus herederos, que les habrían correspondido de haber permanecido en sus puestos durante esos cuarenta años. Se devolvió a los partidos y sindicatos de izquierda los inmuebles que les fueron incautados, y cuando algunos de ellos habían sido demolidos o vendidos, se les compensó con edificios propiedad del Estado. A los familiares de quienes habían muerto por causa de la guerra, en cualquiera de los dos bandos, se les dio una compensación económica de cien mil pesetas.
La mayor prueba de que lo que acabo de recordar es cierto es que en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática se propone la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales de excepción tras la guerra y la posguerra, pero se añade que la anulación no dará lugar «a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional». Eso sí, se reconoce «el derecho a obtener una declaración o reparación personal». Ahora ofrecen un papel cuando hace más de cuarenta años se indemnizó con dinero contante y sonante.
Lo que se hizo en los años de la Transición sí fue memoria democrática.
Emilio Contreras es periodista.
La verdad sobre la escalada de violencia en la Segunda República: más de dos mil muertos en las calles
Los datos más precisos apuntan a 196 muertos en el año 1931, 190 en 1932, 311 en 1933, 1.457 en 1934, 46 en 1935 y 428 en 1936. Las arbitrariedades del Frente Popular añadieron más peligro al cóctel previo a la Guerra Civil
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1931. Ola de delincuencia posterior a la proclamación de la Segunda república ABC MULTIMEDIA
ÉSAR CERVERA
17/02/2020
Actualizado 18/02/2020 a las 00:41h.
119
La mayoría de los historiadores coinciden en que hasta el último momento fue posible evitar un escenario tan terrible como la Guerra Civil. Cuestión aparte es que alguna de las partes implicadas quisiera ya hacerlo. Quieran, en definitiva, renunciar a la violencia. La Segunda República no fue el oásis de paz destrozado por las fuerzas conservadoras que cuenta el mito, sino un proyecto que no supo tender manos entre moderados y donde las fuerzas radicales, como en el resto de Europa, apostaron pronto por métodos no democráticos.
Tras la proclamación de la Segunda República hubo en la izquierda una voluntad mayoritaria, no compartida por fuerzas radicales como los anarquistas o comunistas, de establecer una democracia plena. Sin embargo, no existía en el país una cultura política, a izquierda y derecha, capaz de tejer puentes y crear consensos en un periodo marcado en el exterior por el auge de los régimenes totalitarios.
Como explica el hispanista Stanley G. Payne en su último libro «La revolución española: 1936-1939» (Espasa) , en sus primeros cinco años de Segunda República, hasta las elecciones de febrero de 1936, los gobiernos respetaron las reglas esenciales de una democracia constitucional, «aunque su conducta y sus procedimientos fueron deficientes en algunos aspectos, como el respeto de los derechos civiles». En cualquier caso, esta «democracia poco democrática», como la definió el historiador Javier Tusell , se desarrolló en paralelo a un proceso revolucionario cada vez más violento que ninguna democracia podía asumir sin un acuerdo que superara las barreras ideológicas.
La falta de cultura democrática
Este movimiento revolucionario se alimentó con los efectos de la Gran Depresión y con la incapacidad de la Segunda República de gobernar para todos los españoles. Como señala G. Payne en la mencionada obra, si bien la mayor parte de los españoles eran moderados o claramente católicos y conservadores, existían desde la génesis de la república unas minorías radicales y revolucionarias, tanto a la derecha como a la izquierda , que se aprovecharon de las oportunidades de este régimen democrático en proceso de consolidarse e inmerso en una crisis económica y política a nivel global.
«La dificultad para asentar un régimen democrático en la España de los años treinta tuvo mucho que ver con el muy generalizado desprecio de los actores políticos hacia la cultura liberal del pacto», asegura el historiador Fernando del Rey en la obra colectiva «Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española» donde ejerce como coordinador.
«Actitudes como pactar y dialogar, fundamentales en cualquier sistema que aspire a proteger y amparar el pluralismo social y político, fueron denostadas como parte de otra época ya extinta», apunta este mismo autor.
La misma Constitución de 1931 , concebida por los partidos políticos de izquierda, sin el consenso de un amplio espectro ideológico, estuvo construida bajo la poco democrática premisa de que los republicanos de izquierda siempre controlarían el poder. De igual manera los republicanos de izquierda no contaron con la otra España para llevar a cabo la reforma militar, la reforma agraria o para abordar una nueva relación entre Iglesia y Estado, planteadas más con un sentido revanchista que como una búsqueda de consenso sobre temas que la gran mayoría de los españoles también querían reformar. Como decía el propio Niceto Alcalá-Zamora , presidente de la República Española entre 1931 y 1936, insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil»:
«Han hecho de la República más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio de fundador».
Como decía el propio Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República Española entre 1931 y 1936, insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil»
Ortega y Gasset , por su parte, criticó que esos líderes republicanos de izquierda estuvieran más ocupados en una vuelta a obsesiones del pasado que en problemas apremiantes de esa décadas. El propio Manuel Azaña , en un discurso en febrero de 1930, presumía de sectarismo:
«No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como este, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libre examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progresismo social! Con este ánimo se trae la República, si queremos que nazca sana y vividera».
El «giro bolchevique»
Fue precisamente la falta de cultura de pacto y ese empeño por centrarse en los elementos de discordia lo que arrojó a muchos elementos de izquierda a postulados revolucionarios en cuanto el electorado decidió que el poder pasara a manos del centro derecha en 1933. El PSOE, que en la coalición del primer gobierno republicano actuó con responsabilidad y hasta moderación, mostró entonces su falta de madurez en comparación con los socialdemócratas alemanes y de otros países europeos.
Su derrota en las elecciones generales de noviembre de 1933 provocó el «giro bolchevique» de muchos de sus líderes, entre ellos Largo Caballero, «el Lenin español» , que se convenció de que solo con medidas radicales se podía alcanzar una reforma social del país. Así lo expresó, sin disimulos, en un mitin de ese mismo año:
«Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible; después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen».
Actitud muy distinta a la que el partido tuvo en Francia, donde el socialismo accedió en 1936 a participar en un gobierno democrático «burgués» para impedir que el comunismo desembarcara en el país vecino. Los socialistas hicieron exactamente lo contrario en España. Junto a los comunistas, Largo Caballero encendió en las sombras la mecha de la Revolución de Octubre de 1934 , si bien negó cualquier responsabilidad en aquellos hechos donde Asturias fue tomada por la CNT. Se registraron actos violentos en quince provincias y en total murieron 1.400 personas. Además, el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys ,
Carrillo y las matanzas de Paracuellos en la Guerra Civil
MASACRE POR ACLARAR
A finales de 1936, en Paracuellos del Jarama fueron fusilados más de dos mil opositores a la República. La responsabilidad sigue atizando el debate
Pedro Muñoz Seca 1936: de Barcelona a Paracuellos
Santiago Carrillo (centro) en una reunión del PCE en Toulouse en 1945.A su izqda., Enrique Líster y Francisco Antón. A su dcha., Dolores Ibárruri y Joan Comorera.
EFE/Archivo Enrique Líster López/jgb
Francisco Martinez Hoyos
28/11/2021 07:00Actualizado a 29/11/2021 13:36
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¿Quién no se ha reído alguna vez con la trama estrambótica de La venganza de don Mendo? El autor de esta hilarante parodia de los dramas románticos, Pedro Muñoz Seca (1879-1936), murió asesinado hace 85 años en Paracuellos de Jarama. Se cuenta que mantuvo su humor hasta el final y se dirigió en estos términos al pelotón que lo iba a acabar: “Podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso –como estáis al hacer– mi vida. Pero hay una cosa que no podéis quitarme: ¡el miedo que tengo ahora mismo!”.
Católico y monárquico, el conocido escritor fue una de tantas personas que acabó masacrada durante el crimen que más contribuyó, en la Guerra Civil, a manchar la imagen de la Segunda República. Excepción hecha, por supuesto, de los miles de asesinatos contra el clero católico.
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FRANCISCO MARTÍNEZ HOYO
Entre el 7 de noviembre y el 8 de diciembre de 1936, centenares de prisioneros fueron trasladados desde diversas cárceles de Madrid, pero muchos nunca llegaron a su destino. En Paracuellos y Torrejón de Ardoz cayeron fusilados alrededor de dos mil cuatrocientos, víctimas de la histeria que reinaba en Madrid ante el avance de los sublevados.
En aquellos momentos parecía muy posible que la capital acabara rindiéndose ante Franco. Se temía, sobre todo, la brutalidad de sus tropas de élite, de las que se esperaba que se entregaran al saqueo y las violaciones en masa. El hecho de que la aviación rebelde distribuyera octavillas amenazadoras, en las que se hablaba de acabar a cinco republicanos por cada preso de derechas que muriera, contribuyó a encrespar los ánimos. Como señala el historiador Ángel Viñas, “no se trató de una medida muy inteligente”.
únkeres de ametralladoras en el Parque del Oeste, línea del frente durante la batalla de Madrid.
Dominio público
A los republicanos les preocupaba, además, que los presos de sus cárceles aprovecharan la situación y consiguieran unirse a los sublevados. Por todas partes se hablaba de detener a la Quinta Columna, el supuesto grupo que trabajaba para hundir desde dentro la resistencia del bando gubernamental.
El general Mola había presumido imprudentemente de la existencia de estos infiltrados que iban a facilitar las cosas a las tropas alzadas. Su comentario provocó, como era de esperar, un estado de psicosis entre los defensores de Madrid. Pero, según ha señalado Javier Cervera en su tesis doctoral, tal quinta columna no existía en el otoño de 1936. Por lo que parece, el miedo entre las filas republicanas no respondía tanto a una circunstancia objetiva como a una percepción muy distorsionada del peligro.
