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El coste humano y económico de la autogestión sanitaria: un caso extremo​

La autogestión sanitaria, a menudo presentada como una válvula de escape frente a un sistema público saturado, tiene un precio que ningún análisis económico suele incluir: la integridad física de quienes la practican. Un vídeo que circula en la red muestra a una persona intentando realizarse una cirugía de reasignación de género con un cuchillo de cocina. El resultado, descrito como una «carnicería», plantea preguntas incómodas sobre los plazos de la sanidad pública y el coste real de la lentitud administrativa.

Las listas de espera para cirugía de reasignación de género en el sistema público español pueden prolongarse durante años. Quienes no pueden permitirse el coste de la medicina privada (que oscila entre 10.000 y 20.000 euros) se enfrentan a una disyuntiva insostenible: esperar o actuar. La opción de la autogestión, alimentada por tutoriales en línea y un discurso de empoderamiento, convierte una necesidad grave en un riesgo letal. En este caso, el intento acabó en urgencias, con un coste asistencial muy superior al de una intervención planificada.

Los partidarios de agilizar los procesos señalan que la inversión en reducir las demoras no solo evita tragedias humanas, sino que ahorra dinero público a medio plazo. Los críticos, por su parte, recuerdan que la responsabilidad última recae en quien decide operarse sin cualificación. Pero el dato frío es que el sistema no da abasto, y quienes más sufren son los pacientes en situación límite. Mientras el debate político sobre la financiación de estas cirugías se eterniza, el riesgo de que se repita un caso como este no hace sino aumentar. El coste, entonces, no es solo humano: es una factura que el contribuyente acaba pagando en urgencias.