Yonki amada sin consentimiento y quemada con soplete durante una semana por tres argelinos, testimonio dentro

Tortura en un narcopiso: el caso que reabre el debate migratorio​

La presunta retención y tortura durante una semana de una mujer de 50 años en un piso ocupado de Alicante ha saltado a la primera plana del debate público. Según su propio testimonio, tres hombres de nacionalidad argelina la habrían sometido a agresiones físicas y sexuales con un soplete, en un suceso que la víctima relató en un programa de televisión. El caso, ocurrido en el barrio de Juan XXIII, ha reabierto con crudeza la discusión sobre inmigración, seguridad y narcotráfico.

La discusión se ha polarizado de inmediato. Hay quien sostiene que el suceso es la prueba de que la política migratoria está fallando y que la delincuencia importada es un problema real. En el lado opuesto, se recuerda que el contexto es un narcopiso, un entorno de exclusión extrema donde la víctima, en situación de vulnerabilidad por su adicción, fue captada por una conocida a cambio de droga. «Todas las que están en ese ambiente son potenciales víctimas», se argumenta, y se pide no generalizar a partir de un caso, por execrable que sea.

El narcopiso como telón de fondo​

Los detalles que han ido saliendo a la luz dibujan un escenario conocido: un piso okupa dedicado al menudeo de drogas, con mujeres enganchadas que hacen de gancho para captar a otras. La víctima acudió alertada por una «amiga» que la dejó sola con los tres hombres. «Pues vaya amiga», se comenta con sorna amarga. El modus operandi descrito coincide con el de bandas que utilizan a adictas para reclutar a otras mujeres ofreciéndoles droga gratis, una forma de captación que se conoce desde hace décadas y que rara vez acaba en titulares.

Algunos análisis van más allá y recuerdan que el barrio de Juan XXIII ha sido históricamente una zona marginal, con problemas de droga desde los años 80, aunque la erradicación del chabolismo en 2006 alivió la situación. «Antes el camello local te daba dos hostias y te dejaba tirada; ahora la violencia es otra liga», ilustra un participante en la discusión. La percepción de que se ha pasado de la violencia quinqui a una crueldad inusitada es recurrente.

Cobertura mediática y silencio social​

Otro de los ejes del debate es el tratamiento informativo. El testimonio se emitió en Cuatro, cadena que algunos ven más libre que el resto de grandes grupos. La pregunta que flota es: ¿habría tenido la misma cobertura si los presuntos agresores fueran españoles? Se comparan casos como el de Sandra Palo y se sostiene que la gravedad se relativiza cuando el acusado es extranjero. «Si esto lo hacen tres españoles, tenemos machaque diario durante meses», es una frase que resume el malestar.

Frente a esto, se alza la voz de quienes recuerdan que la víctima es una mujer con adicciones, y que su condición de «yonki» (según el término del propio relato) la convierte en una víctima de segunda para el feminismo oficial. «Su pussypass no tiene buena venta en el mercado feminista», ironiza un comentario, antes de señalar que la izquierda mira hacia otro lado cuando la víctima no encaja en el relato. La crítica al doble rasero es constante.

¿Fracaso de la integración o fracaso del sistema?​

El caso se ha convertido en arma arrojadiza política. La lectura dominante en los medios alternativos es la del fracaso de la política migratoria: «Traemos tercer mundo, tenemos tercer mundo». Pero no es la única. Hay quien recuerda que la mayoría de delincuentes extranjeros son también víctimas de un sistema que los excluye, y que el problema no es la nacionalidad sino la desigualdad y la falta de políticas sociales. «Crímenes ha habido siempre; lo que pasa es que antes los delincuentes eran españoles y los manteníamos entre todos», se responde desde la perspectiva contraria.

La sensación de impunidad es el pegamento que une a posturas opuestas. Desde la izquierda se lamenta que la policía «funcivagos» no actúe en los narcopisos; desde la derecha se exige mano dura. La conclusión de muchos es que el sistema está agotado y que la ciudadanía ya no confía en que la justicia proteja a los más vulnerables.

El dato que descoloca​

Casi nadie discute la barbarie del hecho. Pero lo que provoca escalofrío es la normalización. «En los años 90 un caso así habría sido histórico, una conmoción nacional», se lamenta uno de los comentarios más compartidos. «Ahora es un día más». Que el horror se haya convertido en paisaje, y que el debate se centre más en la nacionalidad de los agresores que en el sufrimiento de la víctima, dice más de la sociedad que cualquier estadística.

La mujer sigue viva. Los presuntos agresores, que habrían amenazado con matarla a porrazos si la dejaban morir, estaban aún pendientes de juicio en el momento de la discusión. El caso, abierto, se ha convertido en el espejo de todas las fracturas: migratoria, social, mediática y política.