Topar los alimentos básicos: de la mascarilla a la libreta cubana
Fijar por decreto el precio del pan, los huevos o la leche no abarata la cesta de la compra: la vacía. Es la conclusión que recorre el asunto desde que
Yolanda Díaz pusiera sobre la mesa su intención de
topar los alimentos básicos, un anuncio que ha reactivado todos los fantasmas conocidos —la libreta cubana, los precios retorcidos de Argentina, las mascarillas a tres euros— y que deja sin respuesta oficial la única pregunta que importa: quién paga la diferencia entre lo que cuesta producir y lo que se permite cobrar.
¿Qué quiere decir topar los precios de los alimentos?
Topar es poner un techo legal al precio de venta. Suena simple y no lo es. Significa que el vendedor no puede cobrar por encima de un importe fijado por la administración aunque su estructura de costes exija lo contrario. Un techo no baja el coste de producción: solo decide quién lo asume. Cuando el precio intervenido queda por debajo del coste real, el productor tiene dos salidas y ninguna es la que prometía el anuncio: o cierra, o el Estado cubre la diferencia con subvención. Y de paso, la palabra:
topar ha entrado en el vocabulario oficial como sinónimo de limitar, fijar un máximo o establecer un precio tope, tres maneras de decir lo mismo que suenan bastante menos a intervención.
La cuenta del productor: cuánto cuesta un huevo y por qué el tope no cuadra
El ejercicio circular que se repite estos días es tan elemental que casi da vergüenza escribirlo. Una empresa huevera paga el pienso, la luz, el transporte y el cuidado del animal; supongamos que cada huevo le cuesta
diez céntimos y necesita venderlo a catorce para cuadrar. Aparece el tope oficial y le obliga a colocarlo a nueve. Qué ocurre entonces. O el socio cierra, o la diferencia la pagan entre todos vía subvención. Y si una empresa no puede trasladar al consumidor el precio de producción, deja de fabricar el producto o busca otro mercado.
Frente a eso se alza el argumento del margen: los intermediarios y la miseria que cobra el productor. La respuesta que circula es incómoda. Quien compra directo al que tiene cuatro animales y una huerta paga lo mismo o más que en el supermercado
porque es de casa, muchas veces sin declarar un euro ni cotizar. El ahorro prometido no siempre aparece por esa vía.
Cuba y Argentina: la letra pequeña del precio barato
Aquí el fantasma tiene nombre. En Cuba, la libreta de abastecimiento fija mensualmente y por persona
cinco huevos, un cuarto de libra de pollo, cinco libras de arroz, media libra de aceite, diez onzas de frijoles negros, una caja de fósforos y un paquete de café para mayores de siete años; cada tres meses se suman cuatrocientos gramos de pastas y un paquete de sal. Precios subsidiados, sí, pero cantidades tasadas. Un cartón de treinta huevos a precio libre cuesta, se apunta,
mil pesos o más en La Habana.
Argentina ofrece el otro espejo: años de precios topados y subidas de productos básicos —huevo, leche— descritas en algún tramo por encima del doscientos por ciento. El patrón se repite en ambos casos: cuando el precio oficial no cubre el coste, el producto escasea y reaparece por otra puerta, más caro.
¿Topar es cosa solo de la izquierda? Europa también pone techos
La objeción más citada tiene respuesta fácil: la Unión Europea ha impulsado topes como el del precio del gas, lo que desactiva la idea de que intervenir precios sea patrimonio de un solo color político. Lo que no desactiva es la parte incómoda del asunto: un techo al gas o a un alimento tiene el mismo efecto sobre la oferta, y las consecuencias no entienden de siglas.
Las mascarillas a 3 euros: el precedente que nadie olvida
El caso más cercano está en la memoria reciente. Durante la pandemia, el Gobierno limitó el precio de las mascarillas cuando se vendían a
tres euros la unidad. Hay quien recuerda que en España la unidad costaba un euro y en Portugal diez céntimos, y hay quien sostiene que solo el tope frenó el abuso. Las dos lecturas conviven sin resolverse. Lo que dejó el episodio es una lección que ahora se repite: el tope llega, el producto se coloca por otras vías y el racionamiento de facto asoma por la puerta de atrás.
De la cartilla de racionamiento al banco de alimentos
En paralelo circula otra señal que algunos leen como síntoma: la preparación de una ley contra el desperdicio alimentario para que los sobrantes comestibles de los supermercados vayan a bancos de alimentos y lo no comestible a pienso o fertilizante. «La era de la prosperidad se acaba», se cita al presidente francés. Encaje o no encaje, el gesto describe un cambio de marco: la comida deja de ser un bien que se compra y pasa a ser un recurso que se administra.
Con los costes donde están y el margen ya exprimido en buena parte de la cadena, lo probable es que el tope se anuncie, se aplique a un puñado de referencias y termine sostenido con dinero público o con desabastecimiento selectivo. Cuál de los dos escenarios se impone dependerá de detalles que aún no se conocen: qué productos entran, con qué umbral y quién fiscaliza el cumplimiento. Aventurar el resultado sería vender humo.