Y si todo es una mentira?

El Estado crea el dinero: por qué los impuestos no lo financian​

Un Estado que emite su propia moneda no necesita recaudar un solo euro antes de gastarlo. La paradoja no es una boutade de sobremesa: es la tesis central de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), que el economista Eduardo Garzón ilustra con un ejemplo doméstico — quien firma autógrafos no tiene que comprar papel antes de estampar su rúbrica, porque el papel lo fabrica él. Trasladado a la política fiscal, los impuestos no pagarían el gasto público: servirían para retirar liquidez, contener la inflación y redistribuir renta. Con el Banco Central Europeo acumulando alrededor de una cuarta parte de la deuda pública de la eurozona, la pregunta incómoda es si todo el andamiaje de deuda, impuestos y recortes responde a una necesidad técnica o a un relato bien construido.

Qué defiende exactamente la Teoría Monetaria Moderna​

El núcleo del argumento es contable, no ideológico. Un emisor soberano gasta creando dinero y después exige ese mismo dinero en forma de tributos. No recauda para poder pagar: paga primero y retira después parte de lo emitido para que la masa monetaria no se desboque. En esa lectura, los impuestos cumplen tres funciones —crear demanda de la moneda, contener la inflación y redistribuir riqueza— y ninguna de ellas es financiar el gasto corriente del Estado.

De ahí se deriva la parte políticamente incendiaria. Si el dinero no escasea por definición para el emisor, el argumento de la austeridad como única salida se tambalea. Los recortes dejarían de ser una obligación matemática y pasarían a ser una decisión. Y las decisiones, a diferencia de las matemáticas, se votan.

El eslabón que falta: la demanda, no la oferta​

El Estado puede fabricar oferta de dinero a voluntad. Lo que no puede fabricar es demanda. Un billete vale lo que otro está dispuesto a entregar por él, y esa disposición descansa en algo frágil: la confianza en que mañana valdrá algo parecido. La objeción más sólida a la impresora libre no es moral, es práctica. Si el emisor imprime sin freno, los tenedores huyen hacia lo que perciben como refugio —el dólar, el oro, un ladrillo— y la moneda oficial se queda sin circuitos donde circular.

Los impuestos, en esa versión del razonamiento, sí tienen una función insustituible: obligan a trabajar por la moneda oficial y no por otra. Si hay que pagar en euros, conviene cobrar en euros. Ese mecanismo, y no la fe patriótica, es lo que sostiene buena parte de la demanda interna de una divisa.

Argentina 2001: el laboratorio que nadie quiso montar​

Cuando el sistema de caja de conversión argentino —un peso valía un dólar— estalló entre 2000 y 2001, el Estado nacional dejó de entregar pesos porque no podía canjearlos por dólares. Las provincias, ahorcadas al no recibir fondos de coparticipación, empezaron a emitir sus propias cuasi-monedas. En paralelo, y sin ninguna autoridad detrás, la gente montó clubes de trueque con su propio medio de intercambio.

Dos experimentos monetarios simultáneos en el mismo país: dinero sin respaldo estatal y dinero sin respaldo de nadie. Ninguno terminó bien. Ambos demostraron lo mismo: la moneda es una convención compartida, y las convenciones se rompen cuando la gente deja de creer en ellas.

La inflación como impuesto que nadie vota​

Si la inflación media se mantuviera en el 2,5% durante tres décadas, el dinero ahorrado perdería alrededor del 75% de su valor. Treinta años guardando para comerse una miseria. Y las cifras que se manejan para el presente son peores: hay quien sitúa la pérdida anual de poder adquisitivo de la moneda en torno al 5%. De ahí que todo parezca tan caro aunque las estadísticas digan otra cosa.

Aquí está la trampa del razonamiento: si los impuestos no financian el gasto, la inflación sí detrae riqueza de quien ahorra. Sin votación, sin recibo y sin recurso. Un tributo silencioso que no recauda nadie en concreto y pagan todos los que tienen saldo en el banco.

Quién paga cuando se redistribuye​

Aceptado que quitar a los que más tienen evita que las rentas altas crezcan sin límite, el desacuerdo llega al umbral. En España, rentas en torno a los 30.000 euros ya tributan como clase alta a efectos fiscales, lo que convierte cualquier discusión redistributiva en un campo minado. Del otro lado se argumenta que igualar por arriba destruye el incentivo a esforzarse, arriesgar o desarrollar una habilidad, y que nadie hace horas extra para financiar el sofá ajeno.

Mientras tanto, el IVA —que pagan ricos y pobres por igual— se señala como la vía con la que se sostienen las pensiones, dejando el resto para la economía ordinaria. Y los servicios públicos que todos usan (carreteras, hospitales, bomberos, bibliotecas) siguen ahí, funcionando regular, financiados por algo que, según esta teoría, no hacía falta recaudar.

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Si el dinero es en el fondo una convención sostenida por la confianza, ¿qué ocurre cuando esa confianza se agota? Los bancos centrales llevan décadas tanteando el límite sin encontrarlo. Nadie sabe exactamente dónde está. Y quizá ese sea el verdadero problema del sistema: funciona hasta que un día deja de funcionar.