Vox quiere quitar la nacionalidad a 2.5 millones de inmis

Retirar la nacionalidad a 2,5 millones de inmigrantes: el debate que nadie quiere tener​

La propuesta de Vox de revocar la nacionalidad a 2,5 millones de inmigrantes ha reabierto la discusión sobre cuánto cuesta cada persona al Estado. Un informe que ha circulado en los últimos días cifra en 158.000 euros el coste medio de un inmigrante a lo largo de su vida, y fija en 40.000 euros el umbral salarial a partir del cual un contribuyente deja de ser una carga para las arcas públicas. Cifras potentes, pero con pies de barro: el informe agrupa por origen y nivel de estudios, y no todos los análisis coinciden en la metodología.

El umbral de los 40.000 euros: un arma de doble filo​

El dato más incendiario es el umbral de renta. Si ganar menos de 40.000 euros convierte a alguien en peso muerto fiscal, el criterio no discrimina entre un inmigrante y un español con el mismo sueldo. Algunas voces van más allá y señalan que los impuestos indirectos, como el IVA, no se contabilizan correctamente: quien gasta casi todo lo que gana también financia servicios públicos. El estudio, visto así, deja de ser un argumento contra la inmigración para convertirse en una fotografía del estado del bienestar.

Pero esa matiz no frena a los partidarios de la medida. Para ellos, la conclusión es otra: si el contribuyente de baja renta es un lastre, la política migratoria debería ser selección pura. El problema es que esa selección se apoya en un criterio de origen que incomoda: según los datos citados, europeos, indios o chinos presentan saldo positivo, mientras que africanos, turcos o sirios lo tienen negativo. Ahí es donde la discusión económica termina en debate identitario.

La viabilidad legal: de la ocurrencia al brindis al sol​

Retirar la nacionalidad a millones de personas no es una opción al alcance de un gobierno, y menos de uno que necesite socios para gobernar. La privación de la nacionalidad está limitada a casos muy concretos: fraude en su obtención o condenas por delitos graves. El criterio económico no aparece por ningún lado. Por eso, los escépticos recuerdan que la propuesta es pura propaganda electoral: ni el socio de gobierno lo aceptaría ni los tribunales lo permitirían.

Algunos participantes en el debate van más lejos y señalan que la medida, además de inviable, se queda corta. Si de apretar se trata, los cálculos se van a los 10 millones o más según cómo se mida. Pero esa cifra, lejos de reforzar la propuesta, la hunde en el ridículo: no es una política pública, es un eslogan de campaña.

La comparación con otros países: el espejo suizo​

El debate ha rescatado el modelo suizo, donde la naturalización exige 15 años de residencia y un examen riguroso, frente a la facilidad que atribuyen al caso español, donde una factura de la luz parecía bastar en la anécdota compartida. También se ha citado a Alemania, con estimaciones de 200.000 euros por inmigrante no cualificado. La comparación refuerza la tesis de que el problema no es solo cuántos llegan, sino en qué condiciones y con qué expectativas.

La discusión deja en el aire la pregunta incómoda: si el criterio es la aportación fiscal, ¿por qué no aplicar el mismo rasero a los españoles de bajos ingresos? O mejor: ¿hasta qué punto una política migratoria basada en la renta no convierte el estado del bienestar en una empresa de resultados? Mientras tanto, los 2,5 millones de nacionalidades que Vox quiere revisar siguen siendo, al menos hoy, intocables.