Vox retira a las víctimas de VioGén su prioridad en la vivienda social
La escena se repite en más de una administración local: una mujer denuncia a su pareja, queda inscrita en el sistema VioGén y, con ese papel, salta al principio de la lista de una vivienda social. A veces, según relatos que circulan en el entorno de los servicios sociales, el denunciado acaba viviendo en ese mismo piso, como parte de la unidad familiar. Sobre esa sospecha ha construido Vox su última decisión: eliminar la preferencia que las mujeres víctimas de violencia de género tenían sobre los hombres en el acceso a pisos protegidos.
La medida no es menor. El sistema VioGén funcionaba como atajo: una inscripción bastaba para adelantar posiciones en el baremo. Para quienes apoyan el cambio, la prioridad se había convertido en un incentivo perverso. Una corriente sostiene que la vivienda social debería reservarse a menores de 30 con estudios y cotizaciones, no a perfiles que usan la denuncia como llave. La sospecha de fraude —denuncias instrumentales, familias enteras viviendo en el piso— alimenta ese relato.
El cómo importa
La crítica llega por el otro flanco. Nadie discute el fondo: es razonable dar refugio a quien ha sufrido maltrato. El problema está en el procedimiento. Basta la valoración de una trabajadora social para obtener la consideración de víctima, sin pasar por un juez. No se examina la capacidad económica de la solicitante, y quedan fuera otros casos de urgencia real. Con un mensaje de WhatsApp de por medio, el sistema abre la puerta al abuso.
Vox ha hecho su apuesta. A favor tiene el hartazgo ciudadano con el fraude; en contra, el riesgo de que las víctimas reales paguen los platos rotos. El dato que descoloca: el debate no es si se ayuda a las maltratadas, sino quién decide que alguien lo es.