El decreto de vivienda del Gobierno: IVA al 21% para pisos turísticos y el eterno debate de la eficacia
El Gobierno negocia a contrarreloj un decreto de vivienda que pretende ser el colofón de la legislatura. Anunciado el 4 de julio de 2026, el paquete incluye, como principal novedad, la obligatoriedad de aplicar un 21% de IVA a los pisos turísticos, una medida que busca desincentivar su uso frente a la vivienda habitual. Además, se barajan mecanismos de agilidad administrativa y deducciones fiscales para construir vivienda asequible, así como la regulación del alquiler temporal, apoyada por el PNV.
Sin embargo, el escepticismo es la nota dominante entre los análisis. La promesa de construir dos millones de viviendas suena a déjà vu, y la experiencia previa con los índices de referencia en zonas tensionadas muestra que la teoría y la práctica rara vez coinciden. Barcelona es el ejemplo perfecto: a pesar de que en teoría las habitaciones alquiladas deberían cumplir los topes, en la práctica se anuncian habitaciones por más de 500 euros, duplicando el índice de referencia, con propietarios que gestionan edificios enteros de alquiler por habitaciones.
La paradoja es que, al penalizar el alquiler de habitaciones, se corre el riesgo de reducir aún más la oferta para inquilinos con pocos recursos. Medidas como la agilización del desahucio por impago o la transferencia del suelo público al Estado se plantean como urgentes, pero chocan con la falta de voluntad política.
El decreto se queda atrapado entre las exigencias de los socios de investidura: Sumar pide prórroga de alquileres, Junts reclama deducciones fiscales. El resultado, un texto que intenta contentar a todos, corre el riesgo de no contentar a nadie y, sobre todo, de no resolver el problema de fondo: la oferta de vivienda asequible sigue sin materializarse.