Inmobiliaria: Vives en un barrio bueno de Oviedo y te meten un centro de menas en un bloque. Los vecinos han ganado por esta vez.

La Florida dice no al centro de menores: victoria vecinal con preguntas incómodas

La Florida ha ganado esta batalla. El centro de menores tutelados que el Principado de Asturias quería instalar en el barrio ovetense no abrirá sus puertas, al menos por ahora. Pero la victoria deja sobre la mesa un debate que trasciende a este barrio de funcionarios y clases medias: cuánto cuesta la acogida, quién se beneficia y por qué la decisión recae siempre en los mismos barrios.

El anuncio oficial confirmó que el centro se ubicaría en La Florida, un barrio al oeste de Oviedo, cerca del parque de Invierno. La respuesta vecinal fue inmediata: concentraciones, presión política y un malestar que cruzó el espectro ideológico. Hasta una manifestación convocada en apoyo a la acogida acabó empapada por una tromba de agua, una imagen que los críticos con la medida no dejaron escapar.

El coste de la acogida: 7.000 euros al mes por menor

El dato que más circuló en la discusión no fue ideológico, sino contable: el gasto por menor tutelado rondaría los 7.000 euros mensuales, de los cuales una parte sustancial iría a parar a la empresa o entidad gestora del centro. La cifra, difícil de contrastar en fuentes oficiales, se comparó con el coste de un anciano con dependencia severa, muy inferior. Esa comparación, aunque gruesa, explica parte del malestar: la percepción de que el sistema de acogida es un negocio opaco financiado con dinero público.

La sospecha de negocio no es nueva. En la memoria del barrio está el precedente de 2004, cuando ya funcionó un centro de menores en la zona de Valdés Salas, junto al parque de Invierno. Entonces no se hablaba de “menas”, sino de “chicos de Jovenlandia”, y los problemas de convivencia ya estaban sobre la mesa. Aquel experimento, según algunas lecturas, fue el germen de una red clientelar que luego se exportó a toda Asturias.

El conflicto de intereses que salpica al Principado

La polémica dio un giro cuando se publicó que los pisos que iba a ocupar el centro eran propiedad de la familia del alto funcionario que decide sobre estos asuntos. La sociedad utilizada como pantalla arrastraría deudas con la Seguridad Social y con el propio Principado. El Gobierno de Barbón frenó los contratos, pero el episodio dejó en el aire una pregunta incómoda: ¿cuántos centros de menores en Asturias están alquilados a personas con poder de decisión sobre su ubicación?

La prensa asturiana, según los análisis más críticos, no ha investigado a fondo quién cobra el alquiler de estas viviendas ni cuánto se paga por ellas. La combinación de dinero público, menores vulnerables y decisiones administrativas discrecionales es un cóctel que rara vez acaba bien.

El debate político de fondo

Detrás de la pelea vecinal asoma una fractura política que no es exclusiva de Oviedo. En el barrio, las opciones políticas favorables a la inmi gración obtuvieron alrededor del 87% de los votos en las últimas generales, mientras que en el conjunto de la ciudad solo un 13% votó contra las políticas de acogida. Esa paradoja —barrios pogre que rechazan la ubicación de centros en su zona— alimenta un argumento recurrente: quienes más defienden la acogida en abstracto son los que menos la quieren cerca de casa.

Hay quien sostiene que la solución debería pasar por repartir los centros por los distritos con mayor respaldo a las políticas de integración. Otros van más lejos y proponen que cada persona que vote a favor de la acogida se haga cargo de un menor en su propio domicilio. Ninguna de las dos opciones parece realista, pero el hecho de que se planteen indica hasta qué punto el consenso social sobre la acogida se ha roto.

La victoria de La Florida puede ser temporal. El precedente de 2004 sugiere que, cuando un barrio dice no, el centro aparece en otro sitio, a menudo con menos capacidad de organización. La pregunta que queda flotando es si los vecinos que han ganado esta batalla seguirán vigilantes cuando el problema se traslade a otra calle. Si la historia sirve de guía, lo más probable es que el sistema encuentre una nueva ubicación. La diferencia es que ahora hay testigos, datos y un malestar que ya no se limita a los barrios obreros.