Varios detenidos y dos policías heridos en la protesta por la educación en la Universidad Complutense

La Policía Nacional detuvo a cinco personas por un presunto delito de atentado contra la autoridad durante la concentración por la educación pública en la Universidad Complutense de Madrid, en la que dos agentes sufrieron heridas leves. La universidad asegura que no solicitó la presencia policial y el delegado del Gobierno en Madrid ha pedido una investigación de urgencia.

La mañana del miércoles dejó en la Ciudad Universitaria un balance que nadie había previsto cuando sonó el despertador: cinco detenidos, dos policías con heridas leves y una universidad, la Complutense, intentando explicar por qué había agentes cargando dentro de su campus. La concentración se enmarcaba en la huelga educativa que había arrancado esa misma jornada, aunque la educación universitaria no estaba incluida oficialmente en la convocatoria. Eso no impidió que estudiantes y trabajadoras se sumaran con piquetes, un encierro nocturno y una protesta frente a la Facultad de Ciencias Químicas.

Los arrestados están acusados, por ahora, de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad. Fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que en los próximos días se les impute también un delito de desórdenes públicos. Al menos dos agentes sufrieron heridas leves durante los enfrentamientos, según esas mismas fuentes.

La universidad dice que no llamó a la policía

La Universidad Complutense de Madrid emitió un comunicado en el que aseguraba que «no ha solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional» en el campus durante la manifestación. La institución expresó su «condena y profunda preocupación» por las cargas y pidió la rápida puesta en libertad de los detenidos. También se interesó por los afectados.

En ese mismo texto, la universidad reconoció y agradeció la colaboración habitual de la Policía Nacional, que en otras ocasiones se había desarrollado con «respeto, coordinación y proporcionalidad». Pero mostró su preocupación por las imágenes de la intervención de ese miércoles. Y reafirmó su compromiso con la educación pública y el derecho a la protesta pacífica, defendiendo «la discrepancia y la reivindicación» como parte de la democracia y reclamando que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y sin violencia.

La catedrática de Teoría de la Información Eva Aladro, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, recordó que cualquier acceso al recinto universitario debe contar con la autorización de la dirección del campus. Tras los incidentes, una representación de los estudiantes en huelga se dirigió al Rectorado para pedir explicaciones.

Cargas «salvajes» según los convocantes, investigación urgente según el delegado

Las organizaciones educativas denunciaron que la Policía había cargado «salvaje e indiscriminadamente» desde primera hora contra los participantes en la concentración. Señalaron además que algunos manifestantes habrían resultado heridos. La organización UCM por la Pública responsabilizó directamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que acusó de haber «llenado» la universidad de policías que bloquearon el paso de los piquetes de huelga para después cargar contra los manifestantes.

Vídeos difundidos en redes sociales mostraban el momento en que unidades policiales cargaban contra un grupo de personas frente a la Facultad de Ciencias Químicas. Los manifestantes portaban banderas rojas y una pancarta con el lema «Universidad pública».

El propio Francisco Martín solicitó una «investigación de urgencia» y la adopción de las medidas que correspondan. «La respuesta de los agentes en este tipo de situaciones siempre debe ser proporcionada», señaló, al considerar que las imágenes difundidas aparentemente no se corresponden con ese principio. Sus declaraciones provocaron las críticas de los sindicatos policiales. Jupol acusó al delegado de poner en riesgo a los agentes con sus declaraciones y de convertir su actuación en una cuestión política. CEP consideró especialmente grave que cuestione la intervención sin conocer los resultados de la investigación. Ambos sostienen que no es la primera vez que Martín critica públicamente actuaciones policiales y denuncian una «doble vara de medir» en función del contexto político.

El sindicato habla de jóvenes esposados y la consejera defiende la normalidad

La secretaria general de la Federación de Educación de CCOO, Aída San Millán, denunció ante los medios unas cargas policiales «completamente sorprendentes» e «inauditas» para el sindicato en este tipo de movilizaciones. «No ha ocurrido nada, no ha habido ningún tipo de agresión ni de actitud agresiva por parte de las personas que estaban concentradas, era un piquete sin más, como otros muchos años, pero han cargado de manera brutal», lamentó.

San Millán aseguró que los agentes habían actuado contra los jóvenes y denunció que había personas «que no medían más de 1,50 con las esposas en la espalda, arrastrados». Añadió que les tenían encerrados dentro de la Facultad de Físicas y que con cuentagotas les iban dejando salir. Señaló además que el propio Rectorado de la Complutense se había puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para pedir que cesasen las actividades que estaban haciendo dentro de sus universidades.

En el plano político, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, exigió a Martín que «garantice que no se va a volver a poner la mano encima a un estudiante bajo ningún concepto» y reclamó al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que pida la retirada de la Policía Nacional de los campus. El portavoz de Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, calificó la actuación de «injustificada, inaceptable y brutal» y exigió el cese del mando policial responsable.

En cambio, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, defendió que la huelga se desarrollaba «con normalidad», con un seguimiento del 44,6 por ciento, pese a algunos «incidentes aislados». La dirigente autonómica acusó a los sindicatos de promover una convocatoria «política y electoralista» y aseguró que el Gobierno regional vigilaría el cumplimiento de los servicios mínimos para garantizar el derecho a la educación.

Encierro en la facultad y corte en la Castellana

La huelga indefinida de la educación pública madrileña arrancó con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y un breve corte de tráfico en el paseo de la Castellana durante la hora punta. Durante el encierro, los participantes desplegaron en el vestíbulo una pancarta con el lema «No vamos a dejar de luchar», junto a una imagen de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en el distrito de Retiro hacía un mes y fallecida la semana pasada, cuyo caso motivó protestas por el acceso a la vivienda y una acampada en la Puerta del Sol.

En la Castellana, un grupo de manifestantes vestidos de amarillo, el color identificativo de la protesta, se sentó bajo el puente de Eduardo Dato, entre Rubén Darío y la calle de Serrano. Los convocantes habían llamado a iniciar los piquetes y los pasacampus a partir de las 8.00 horas y mantener las movilizaciones hasta el mediodía, cuando estaba prevista una concentración conjunta de todas las etapas educativas en la Puerta del Sol.

La huelga fue convocada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Reclaman más recursos para los centros públicos y mejores condiciones laborales para el profesorado. Los organizadores aseguran contar también con el apoyo de numerosas entidades vinculadas a las familias y al alumnado.

Las diligencias judiciales siguen abiertas y las versiones sobre lo ocurrido difieren según la fuente consultada, por lo que conviene esperar a los resultados de la investigación antes de dar por cerrada cualquier conclusión.