Sanidad estudia prohibir el tabaco a los nacidos desde 2009
Mónica García, al frente de
Sanidad, ha puesto sobre la mesa copiar el modelo británico y prohibir la venta de tabaco a quienes hayan nacido después de 2009. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo contempla, según sus propias palabras, «medidas encaminadas a conseguir una generación libre de tabaco». La medida no está aprobada. Está en fase de estudio, y ya ha desatado una pelea que mezcla salud pública, cuentas del Estado y libertad individual.
Qué plantea Sanidad y de dónde sale la idea
El ministerio mira hacia Reino Unido, donde se ha debatido una prohibición progresiva por cohortes de edad. La titular de Sanidad ha asegurado que su departamento «va a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país». El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo considera la medida «buena y efectiva». No hay fecha, no hay texto articulado, no hay votación. Solo un plan que se llama 2024-2026 y una intención.
El argumento sanitario: coste público y fumadores pasivos
El diputado Raúl Benítez ha defendido subir el impuesto al tabaco para cubrir mejor el gasto sanitario de las enfermedades vinculadas al tabaquismo. La lógica es conocida: fumar encarece el sistema. Pero el cálculo exacto de ese coste es un campo minado. Hay quien sostiene que es imposible estimarlo con precisión, ni siquiera por un orden de magnitud. Y hay quien añade un matiz incómodo: si el fumador muere antes, también cobra menos pensión. El saldo neto, en un país con transferencias sociales fuertes, podría no ser negativo. O incluso positivo. Nadie lo ha demostrado con una hoja de cálculo cerrada.
Lo que recauda el Estado por cada cajetilla
El Estado ingresa algo más de 9.100 millones de euros al año por la venta de tabaco, según datos citados por Europa Press. Un participante calcula que un fumador de dos paquetes diarios paga unos 7 euros de impuestos al día, 200 al mes, 2.400 al año, y sostiene que multiplicado por cuatro décadas la cifra supera lo que costaría una póliza médica privada. Ese cálculo, repetido en distintos formatos, es el principal argumento de quienes creen que el fumador ya paga su supuesta carga sanitaria por adelantado. La conclusión que se extrae: si el objetivo fuera recaudar, no se prohibiría; se encarecería.
La contradicción que señalan los críticos
El argumento más repetido contra la prohibición no es económico, es de coherencia. Hay quien sostiene que si se permite decidir sobre el propio cuerpo en otros ámbitos, prohibir fumar resulta difícil de justificar. La objeción se formula así: mientras existan otras prácticas legalizadas sobre el propio cuerpo, encarecer el tabaco hasta prohibirlo de facto es una incoherencia. A esto se suma la sospecha fiscal: hay quien apunta que si de verdad se quisiera erradicar el consumo, se prohibiría la venta; si se mantiene, es porque el impuesto es demasiado jugoso. La cachimba, mientras tanto, sigue siendo una moda entre adolescentes con niveles de nicotina y tóxicos iguales o superiores a los del cigarro convencional.
Playas sin humo, fábricas clandestinas y el mercado negro
Mientras se discute la prohibición, los ayuntamientos ya mueven ficha por su cuenta. Dénia ha ampliado su playa sin humo hasta 1.300 metros lineales sin tabaco ni colillas, y planea otro tramo en el litoral norte. En paralelo, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una fábrica clandestina de tabaco falsificado en el polígono Juncaril, en Peligros (Granada). La pregunta que sobrevuela: si la venta legal se restringe, ¿quién ocupará el hueco? La respuesta histórica es el contrabando. Y el contrabando no paga impuestos ni respeta advertencias sanitarias.
Qué harán los fumadores si se aprueba
Las respuestas van del cachondeo al cálculo. Alguien propone comprar una tonelada de cigarrillos antes de la prohibición y revenderlos después. Otro sugiere pasarse a los porros cuando los legalicen. Un tercero anuncia que fumará más. Y una corriente más fría apunta al negocio: los nacidos antes de 2009 tendrían el monopolio legal de la venta. Un euro el cigarro, quince la caja. La prohibición por cohortes crea, de facto, un mercado cautivo entre generaciones.
El detalle que descoloca no es la prohibición. Es que el Estado que quiere prohibir es el mismo que ingresa 9.100 millones al año por lo que quiere prohibir.