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El mapa muestra que más de dos tercios de los países han abolido la pena de muerte en ley o en la práctica, mientras 17 países ejecutaron condenas en 2025. La UE mantiene su oposición a esta práctica en todo el mundo. El Servicio Europeo de Acción Exterior, el servicio diplomático de la Unión Europea, ha publicado un mapa en el que sitúa geográficamente la aplicación de la pena de muerte.
El mapa muestra que más de dos tercios de los países han abolido la pena de muerte en ley o en la práctica, mientras 17 países ejecutaron condenas en 2025. La UE mantiene su oposición a esta práctica en todo el mundo.
El Servicio Europeo de Acción Exterior, el servicio diplomático de la Unión Europea, ha publicado un mapa en el que sitúa geográficamente la aplicación de la pena de muerte. El dato central: más de dos tercios de los países del mundo la han abolido, ya sea en su legislación o en la práctica. No es un asunto menor para Bruselas, que ha convertido la abolición universal en una de sus señas diplomáticas.
El mapa distingue entre los países que mantienen la pena capital y los que la han eliminado. Según los datos difundidos, 17 países llevaron a cabo ejecuciones durante 2025. La UE sostiene que la pena de muerte debe terminar «en todas partes», y utiliza este tipo de materiales para presionar a los Estados que aún la aplican.
La cifra de más de dos tercios de países abolicionistas incluye tanto a los que la han suprimido por ley como a los que, sin haberla derogado formalmente, no la aplican desde hace años. Esa distinción importa: un país puede conservarla en su código penal y no ejecutar a nadie durante décadas.
La Unión Europea considera la abolición de la pena de muerte un requisito para los países que quieren adherirse al bloque. No es una postura nueva: forma parte del acervo comunitario desde hace décadas y se incluye en los acuerdos comerciales y de cooperación con terceros países.
El mapa sirve como herramienta de presión diplomática. Al hacer visible qué países siguen ejecutando, la UE señala públicamente a los Estados que quedan fuera del consenso abolicionista. En 2025, según los datos que acompaña el mapa, fueron 17.
La publicación no detalla qué países son ni qué número de ejecuciones acumula cada uno. Tampoco especifica si las cifras proceden de organismos internacionales, de ONG especializadas o de fuentes propias. Ese nivel de detalle no aparece en el material difundido.
La pena de muerte no es solo una cuestión de derechos humanos. Afecta a las relaciones comerciales: la UE vincula sus acuerdos con terceros países a compromisos en materia de derechos fundamentales, y la pena capital es uno de los más sensibles.
Para las empresas europeas que operan en países que aún ejecutan, el mapa puede servir de referencia sobre el clima jurídico y reputacional de esos mercados. No es un factor que determine una inversión por sí solo, pero entra en los análisis de riesgo país que manejan las consultoras.
La UE no ha anunciado medidas concretas a raíz de este mapa. Se trata, por ahora, de un documento de difusión que actualiza la posición europea sobre la pena de muerte y sitúa el debate en el terreno internacional.
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