<urgente> mazón mantiene el nivel 2 de alerta y se niega a asumir el mando único

Mazón mantiene el nivel 2 y esquiva el mando único de la emergencia​

La ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat contempla que «el president de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica» cuando la intensidad de los daños sea «particularmente grave». Mazón no lo hizo. Al no elevar la alerta al nivel 3, el responsable legal de las decisiones no es él, sino «el conseller competente en materia de protección civil y gestión de emergencias», cargo que recae en Salomé Prada, consejera de Justicia e Interior. La paradoja es de manual: el president conserva el relato y suelta el marrón.

Qué implica no subir al nivel 3​

Elevar el nivel de emergencia a 3 habría supuesto, según el análisis que recorre la discusión, que el mando pasara al Estado. Nunca ha ocurrido en España, y el motivo es sencillo: equivale a que el gobierno autonómico se declare incapaz de gestionar la crisis. Es la muerte política del equipo que lo firma. Por eso no se firma.

El marco legal es el que es. La Generalitat tiene las competencias derivadas en emergencias, y el primer movimiento le corresponde siempre a ella. El Estado no puede intervenir por su cuenta sin un requerimiento previo o sin activar mecanismos excepcionales. Hay quien sostiene que el Ministerio del Interior podía haber ordenado la emergencia de interés nacional por la Ley Orgánica de Protección Civil, jerárquicamente superior a la norma autonómica. La discusión sobre quién podía mover ficha primero se ha convertido en el campo de batalla de todo el asunto.

El pulso entre administraciones​

La tesis que gana peso en el análisis es que el Gobierno central tampoco quiso asumir el coste político de arrebatarle las competencias a una comunidad gobernada por el partido de la oposición. Hacerlo sin solicitud previa habría abierto la puerta a acusaciones de invasión competencial y a un recurso ante el Constitucional. El tacticismo, dicen, pesó más que la urgencia.

Sánchez anunció la ampliación de la presencia de Ejército, Policía y Guardia Civil después de que Mazón solicitara el envío de 5.000 militares a València. La petición llegó tarde y llegó a medias. Ese retraso, cuatro días para reconocer que la DANA sobrepasaba los medios autonómicos, es el dato que más se repite en las críticas.

La cifra de víctimas y el silencio informativo​

Uno de los episodios más señalados es la gestión del recuento. Se apunta que Mazón no actualizó la cifra de víctimas y que se esperó a que concluyera la visita institucional para evitar que la indignación subiera mientras se desarrollaba el acto. La comparación con la gestión de las residencias durante la pandemia aparece una y otra vez: gobiernos que sobreviven a catástrofes con muertos encima.

El trasfondo económico no es menor. La DANA arrasó infraestructuras de transporte, autopistas y vías de tren que dependen de la Administración central, mientras la Generalitat mantiene las competencias de emergencia. Esa maraña de titularidades convierte cada decisión en una negociación. Y en una excusa.

Quién paga el coste político​

La pregunta que sobrevuela todo el asunto no es legal, es electoral. Si Ayuso sobrevivió políticamente a la gestión de las residencias, nada impide que Mazón haga lo mismo. Las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana dirán si mantener el nivel 2 fue una jugada maestra o un suicidio político. La responsabilidad penal, si llega, se diluirá entre administraciones antes de que alguien firme nada.

Mientras tanto, el nivel 2 sigue vigente y el mando único sigue sin asumirse. ¿Cuántos niveles de alerta hacen falta para que alguien firme?