Inmigración: URGENTE: los NIETOS PODRÁN VOTAR

El Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la ley de nietos, de modo que podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que hacerlo a estas alturas del calendario electoral comprometería la seguridad jurídica del proceso.

Hay una frase que estos días se repite en los despachos del Supremo y en los consulados: el calendario manda. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido no ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos. Traducido: ese colectivo, residente en el extranjero, podrá participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La petición la habían presentado Vox e Iustitia Europa, que querían excluirlo del censo electoral.

Qué pidió Vox y por qué no cuela

La controversia se centra en el apartado 1.b de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que permite adquirir la nacionalidad a los hijos mayores de edad de personas que previamente la obtuvieron mediante la legislación de memoria histórica de 2007 o la norma aprobada en 2022. Los demandantes querían que se identificara individualmente a los electores nacionalizados por esa vía y a los progenitores de los que deriva su derecho, para extenderles las restricciones cautelares que el Supremo ya aplicó en septiembre.

El alto tribunal no lo ve. Los magistrados sostienen que adoptar una medida así en plena cuenta atrás electoral comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso. La solicitud llega cuando ya ha transcurrido más de la mitad del calendario electoral y apenas quedan dos semanas para que comience el depósito del voto en los consulados. Es decir, que el problema no es tanto el fondo como el momento.

Los 189.678 del CERA y el desglose que no existe

Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores incorporados al procedimiento, el censo electoral de residentes ausentes (CERA) del 1 de agosto recoge 189.678 ciudadanos nacionalizados mediante este mecanismo. La cifra tiene truco: incluye tanto a descendientes de beneficiarios de la ley de 2022 como a hijos de personas que adquirieron la ciudadanía mediante la normativa de 2007. El Gobierno sostiene que no dispone de un desglose que permita determinar cuántos electores corresponden a cada supuesto.

Esa falta de desglose es justamente lo que complica la operación que pedían Vox e Iustitia Europa. La Abogacía del Estado se opuso al considerar que resultaba materialmente inviable identificar a todos los afectados antes de los comicios. Sus servicios jurídicos explicaron que no existe una relación nominal con el nivel de detalle reclamado y que elaborarla exigiría revisar expedientes individuales y establecer la vinculación entre cada elector y el familiar que permitió su nacionalización.

El precedente de septiembre: 163.000 expedientes revisados

La resolución no llega en el vacío. En septiembre, el Supremo ya acordó suspender cautelarmente el voto de más de 163.000 personas nacionalizadas como descendientes de españoles emigrados o exiliados. Aquella decisión no afectó a los hijos de estos nuevos ciudadanos, que también pudieron acceder a la nacionalidad por otro supuesto de la misma legislación. Es el colectivo que ahora queda fuera de la suspensión.

Aquella primera suspensión obligó a las oficinas consulares a examinar numerosos expedientes para identificar a los ciudadanos afectados y comunicar sus datos al Tribunal Supremo. Durante el procedimiento, el alto tribunal llegó a advertir de posibles multas y consecuencias penales para responsables ministeriales ante los retrasos en la entrega de la información solicitada. La Abogacía del Estado ha recordado ese esfuerzo de la red consular y señala que repetir una operación semejante, con un colectivo distinto y a escasas semanas de las elecciones, comprometería su funcionamiento ordinario.

El argumento que convenció: los plazos

El Gobierno advirtió del riesgo para las elecciones. Explicó que el procedimiento electoral ya está en una fase avanzada, con documentación remitida a los votantes y plazos especialmente ajustados para el sufragio desde el extranjero. Una nueva revisión del censo podría dificultar el desarrollo normal de las votaciones e incluso generar problemas durante el escrutinio, según los servicios jurídicos del Ejecutivo.

Los magistrados han acogido el argumento relativo a los plazos. Consideran que iniciar ahora otro procedimiento de comprobación de electores sería contrario a las garantías de estabilidad que deben regir unas elecciones. La resolución supone un nuevo pronunciamiento del alto tribunal sobre el sufragio de los españoles que han adquirido la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Y deja una pregunta en el aire para después del 29 de noviembre: qué pasa con esos 189.678 electores cuando ya no haya calendario que valga.