URGENTE | El Gobierno anuncia que "la mayoría" de los 2.000 menas de Ceuta no retornarán: "Quieren quedarse y la ley los protege"

El Gobierno da por hecho que la mayoría de los 2.000 menores de Ceuta no volverán​

¿Qué pasa con los 2.000 menores no acompañados que están en Ceuta? El Ejecutivo ya tiene su versión: la mayoría no retornarán a Marruecos porque «quieren quedarse y la ley los protege». La cifra y la frase resumen un asunto que mezcla ley, coste público y política exterior, y que la propia frontera se encarga de complicar.

Qué ha anunciado el Gobierno sobre los 2.000 menores de Ceuta​

El anuncio es que la mayoría de los alrededor de 2.000 menores no acompañados que permanecen en Ceuta no serán devueltos a Marruecos. El argumento oficial se apoya en dos patas: la voluntad de los propios menores, que según el Ejecutivo quieren quedarse, y el marco legal que, siempre según esa versión, impide el retorno. No se ha detallado cuántos quedarían fuera de esa mayoría ni con qué calendario.

En el fondo late una cuestión de competencias. En el debate se menciona la tutela de los menores y se pregunta a cuántos van a tutelar en sus casas; también se sostiene que detrás hay contratos públicos y dinero. De ahí que el asunto acabe aterrizando siempre en la misma pregunta: quién asume esa tutela y durante cuánto tiempo.

El caso del menor que sí quería volver a Marruecos​

No todos los casos encajan en el relato. Un testimonio recogido en Ceuta recoge el caso de un chico de 15 años que quería regresar a Marruecos, con su madre llorando al otro lado de la frontera, mientras era Marruecos —no España— quien oponía resistencia a esa vuelta. El caso aparece como contrapunto a la idea de una voluntad única y en una sola dirección.

Ese detalle descoloca a las dos trincheras a la vez. Si el criterio es la voluntad del menor, hay casos que apuntan a lo contrario de lo que sugiere el anuncio. Y si el criterio es la ley, entonces el problema no es la voluntad de nadie, sino la interpretación que se haga de ella.

La ley como escudo: el argumento que divide​

Aquí se abre la grieta. Una parte del análisis sostiene que la ley es modificable y que lo que falta es voluntad política para hacerlo. Otra responde que el problema no es la norma, sino su aplicación: se argumenta que el sistema acaba protegiendo a quien lo incumple, con el paralelismo recurrente de la ocupación de vivienda. Y una tercera línea pone el foco en el dinero: contratos públicos, tutela y redes de asistencia que, se sostiene, funcionan más como estructura de poder que como solidaridad.

También hay quien mira al calendario electoral y lee el anuncio como un cálculo de votos a futuro, sin prueba alguna de que lo sea. Conviene separar los datos de las sospechas: hoy por hoy, la única cifra firme sobre la mesa son esos 2.000 menores y la afirmación gubernamental de que la mayoría se queda.

---

Así que, según el Gobierno, la ley protege y los menores quieren quedarse; en el anuncio no se explica qué pasa con los que no.