Urgente: El 99.9% de los burbujos podria entrar en PRISIÓN, Pedro Sánchez anuncia la creacion de "HODIO" una herramienta para monitorear las redes

Hodio: medir el odio en redes sin definir qué es odio​

19 segundos. Eso dura, según un usuario del hilo, el vídeo del anuncio de «Hodio», una herramienta para medir de forma sistemática el discurso de odio en las plataformas digitales. Menos tiempo del que se tarda en leer este párrafo. Con ese material, el asunto ya se ha partido en dos: quienes ven una policía del pensamiento con nombre de espantapájaros y quienes llevan años pidiendo que alguien ponga cifras a lo que se escribe en los comentarios.

Lo llamativo no es la reacción, es el vacío. Nadie sabe qué mide exactamente la herramienta, con qué criterio clasifica, quién la desarrolla ni qué se hace después con el resultado. El anuncio llegó sin manual de uso, y eso —más que la herramienta en sí— es lo que ha encendido el debate.

Qué es 'Hodio' y en qué punto está el proyecto​

El planteamiento oficial es acotado: un sistema que permita medir de «forma sistemática» los discursos de odio que circulan por las plataformas. Nada de sanciones, nada de multas y nada de expedientes aparece en el anuncio. Solo medición. La palabra que carga el peso es sistemática, porque implica metodología, criterios homogéneos y una escala comparable en el tiempo.

A partir de ahí, terreno libre para la especulación. Se apunta a que el modelo podría nutrirse de un archivo de textos acumulado desde 2006, y se compara el caso español con el Reino Unido, donde se asegura que algo parecido funciona desde hace dos años. Ni una de esas dos afirmaciones viaja acompañada de documento oficial. Son indicios, no datos.

¿Quién decide qué es discurso de odio?​

Aquí está el nudo. Sin una definición cerrada de qué entra en la categoría, la herramienta medirá algo, pero nadie sabrá el qué. La pregunta reaparece en varias formas: quién fija el umbral, qué ocurre con la crítica política dura, cómo se distingue la opinión incómoda del insulto.

Una corriente sostiene que el problema no es el medidor, sino el catálogo de lo punible, y avisa del efecto enfriamiento: la gente deja de escribir cosas discutibles no porque estén penadas, sino por prudencia. La réplica tiene recorrido propio. Sin datos públicos, la extensión real del discurso de odio se discute a base de impresiones, y eso beneficia a quien niega que exista. Medir, aunque el instrumento sea imperfecto, se defiende como mejor que no medir.

El detalle de la hache del nombre también alimenta el escepticismo: si el rótulo se construye con retintín, cuesta creer que la metodología vaya a ser quirúrgica.

El respaldo parlamentario y el dato que más se repite​

Hay un dato que circula en medio del ruido: solo un grupo parlamentario habría votado en contra de la iniciativa, mientras el principal partido de la oposición la habría respaldado junto al resto de fuerzas. La información aparece atribuida a una publicación difundida junto al anuncio, no a un documento oficial, y conviene tratarla como lo que es: un dato por confirmar.

Si se sostiene, deja una lectura incómoda para quien pretenda presentar la herramienta como ocurrencia exclusiva del Ejecutivo. Porque el debate de fondo no es si se mide el discurso de odio. Es quién firma la medición. Y ahí, la coincidencia entre bloques que no coinciden en casi nada descoloca a más de uno.

¿Otra subcomisión y otro chiringuito tecnológico?​

La sospecha más repetida no es ideológica, es presupuestaria. Se apunta a la creación de una subcomisión de seguimiento —con sus dietas correspondientes— y a la posibilidad de que el desarrollo se subcontrate a una tecnológica pública o lo asuman funcionarios propios. De ahí al recuerdo de otros lanzamientos tecnológicos de los que ya casi nadie habla hay un paso que se da sin pudor.

La crítica mezcla una parte comprobable y otra que no. Comprobable: en España, cada anuncio de este tipo arrastra la duda sobre el coste y sobre quién se lo lleva. Sin comprobar, de momento, todo lo demás. El proyecto acaba de nacer y no se ha publicado ni presupuesto ni adjudicación. La pregunta del millón —literal— es a qué empresa o administración acaba asignándose el contrato.

De la ironía al pronóstico de cárcel​

El tono sube por tramos. Arranca en el chiste fácil y sigue con el pronóstico de que no habría cárceles ni juzgados suficientes para tanto condenado; en el hilo se llega a hablar de más de 10 millones de personas, cifra que nadie calcula con datos pero que se repite con gusto. Aparecen las referencias inevitables a 1984 y a las distopías de turno, convertidas ya en un género literario propio de cada anuncio regulatorio.

En el tramo final la conversación se bifurca. Por un lado, la broma de trinchera: cómo reconocerse entre reclusos si la cosa llega a mayores, con manual de señales incluido. Por otro, una deriva bastante menos graciosa, con mensajes que deslizan descalificaciones hacia colectivos concretos —migrantes, personas LGTBI, independentistas— y algún llamamiento a resolver el asunto por vías violentas. Es la parte minoritaria y ruidosa de cualquier conversación sobre censura. Conviene leerla como síntoma, no como programa.

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¿Censura preventiva o estadística básica? El anuncio dura 19 segundos. La respuesta va a durar bastante más, y probablemente la escriba una adjudicación que todavía no existe.