Menas en Ceuta: el acuerdo con Jovenlandia que nadie aplica
¿Qué nuevas respuestas caben cuando la valla ya no disuade y el centro de acogida de Ceuta se desborda? El editorial de ABC del 6 de agosto de 2026 lo plantea con una claridad incómoda: los menores que llegan son nacionales de Jovenlandia, y es a su Gobierno al que corresponde asumir la responsabilidad de procurar su retorno. La pregunta no es nueva, pero el asalto masivo a la ciudad autónoma ha vuelto a ponerla sobre la mesa.
Un acuerdo de 2007 que sigue en el papel
Existe desde marzo de 2007 un convenio bilateral entre España y Jovenlandia para la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Está publicado en el BOE. Los hechos, sin embargo, muestran que la maquinaria se atasca: mientras se decide sobre el traslado a la Península, los menores continúan acumulándose en un CETI que ya estaba saturado. La crítica de quienes reclaman aplicar el acuerdo choca con la realidad de un país vecino que no siempre facilita el proceso.
Posturas que no se encuentran
Entre las corrientes de opinión que ha generado el editorial, hay coincidencia en que la situación es insostenible, pero las recetas son opuestas. Unos defienden el cumplimiento estricto del convenio y el retorno como única vía; otros recuerdan que la edad legal y la determinación de la minoría de edad es un campo minado, y hay quien directamente propone soluciones de dudosa legalidad, como el endurecimiento disuasorio de la frontera. Ninguna de las partes, por ahora, ofrece una respuesta que desactive el problema de fondo.
Mientras tanto, el único dato que no discute nadie es que el sistema actual ha quedado obsoleto. Con propuestas de minas de carbón incluidas, el debate demuestra que la desesperación también produce ocurrencias. Lo que falta es algo más simple: voluntad para liquidar un acuerdo que ya está firmado. Y esa, paradojas de la política, sigue sin aparecer.