Uno del CSIC en TVE: “El Estado tiene que garantizar la vivienda.. regular los precios de los alquileres....

CSIC propone regular alquileres: el debate que enfrenta a sociólogos y economistas​

Un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha reavivado el debate sobre la intervención del Estado en el mercado de la vivienda. Javier Gil, doctor en Sociología y experto en financiarización inmobiliaria, compareció en TVE para defender que "el Estado tiene que garantizar la vivienda" y "regular los precios de los alquileres". La reacción en los círculos especializados no se ha hecho esperar: mientras unos ven en sus tesis un avance necesario, otros las califican de pura ideología disfrazada de ciencia.

¿Quién es Javier Gil y qué propone?​

Javier Gil (Madrid, 1985) es investigador del CSIC y uno de los referentes en España en financiarización de la vivienda y sociología urbana. Doctor por la UNED, realizó un posdoctorado en el Institute for Housing and Urban Research de la Universidad de Uppsala (Suecia). En 2017 cofundó los sindicatos de inquilinas de Madrid y Barcelona. Su intervención en TVE defendía la intervención estatal para garantizar el acceso a la vivienda, incluyendo el control de alquileres. La propuesta no es nueva, pero al venir de un organismo científico genera una tensión añadida.

Las críticas: ¿la sociología es ciencia?​

Buena parte de las objeciones se centran en la naturaleza de la propia disciplina. "Menos sociología y más economía", resumía un analista. Se argumenta que la oferta de vivienda es insuficiente y que ni la regulación de precios (que genera mercado zain y retirada de oferta) ni el aumento de salarios y ayudas (que alimenta la inflación) solucionan el problema. La receta, según esta corriente, pasa por construir más vivienda, reducir la demanda (controlando la inmi gración) y garantizar la seguridad jurídica frente a la okupación. Se citan ejemplos como Suecia, donde el control de alquileres ha generado listas de espera de años y ha paralizado el mercado de alquiler privado.

El trasfondo demográfico: 6 millones más en diez años​

En la discusión aparece un dato demoledor: en los últimos diez años, España ha ganado unos 6 millones de habitantes, mientras la construcción de vivienda nueva no ha seguido el mismo ritmo. Permitir ese crecimiento sin aumentar el parque de viviendas es, en palabras de algún participante, "incivil". A esto se suma el alto coste de la construcción: una vivienda de 80 m² útiles cuesta unos 160.000 euros solo en edificación, sin incluir suelo, lo que equivale a diez salarios mínimos interprofesionales. Con esos números, la vivienda asequible para los nuevos residentes parece una quimera sin intervención pública.

Consenso inesperado: el Estado debe construir​

A pesar del escepticismo hacia el control de precios, hay un punto en el que coinciden posturas enfrentadas: la necesidad de que el Estado construya vivienda pública en alquiler. Se señala que en España apenas existe vivienda pública de alquiler social, a diferencia de otros países europeos. El problema es la financiación y la burocracia. Mientras unos piden liberar suelo y agilizar trámites, otros abogan por impuestos a los grandes tenedores y la prohibición de fondos buitre. La ecuación sigue sin resolverse, pero el diagnóstico empieza a ser compartido: sin más oferta, cualquier regulación será un parche.

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La discusión deja en el aire una pregunta incómoda: si la ciencia (o la sociología) dice que hay que regular, y la economía de manual dice lo contrario, ¿qué peso damos a cada una? El que espere una respuesta definitiva, que se prepare para esperar sentado.

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