La DGAIA y el negocio de la tutela: cuatro años sin investigar una violación
La denuncia se presentó en 2021. La víctima tenía 12 años y estaba bajo la tutela de la Generalitat. El agresor, Teófilo Lapeña, un pederasta con antecedentes. Cuatro años después, ABC reveló que la investigación no había comenzado. Y una joven que pasó por el mismo sistema aseguró: "No es la única, se normaliza en los centros". El coste del sistema de tutela catalán asciende a cientos de millones anuales, pero los resultados son una niña violada y un escándalo de fraude de 1,4 millones en Tarragona.
El coste de la desprotección
Cada menor tutelado cuesta a la Generalitat entre 3.000 y 5.000 euros al mes, según datos del sector. Sin embargo, el dinero no se traduce en protección. La menor de 12 años tenía acceso sin restricciones a Badoo, donde contactó con Lapeña. El educador que denunció las irregularidades en la radio fue expedientado. Mientras, ONGs vinculadas a ERC gestionan parte de los centros y han sido señaladas por desvío de fondos. El fraude confirmado en Tarragona asciende a 1,4 millones de euros.
Un patrón que se repite en toda España
Canarias busca a 785 menores tutelados desaparecidos. Una red en Gran Canaria explotó sexualmente a 34 menores del sistema. En Valencia, el caso Oltra destapó el encubrimiento de abusos del exmarido de la vicepresidenta. La asociación Guardianes de la Inocencia ha presentado una querella criminal contra los responsables de la DGAIA por prevaricación y omisión del deber de protección.
La respuesta política: silencio y acusaciones
ERC calificó de "alimentar a la extrema derecha" cualquier debate sobre el escándalo. Vox denunció que la tutela de menores se ha convertido en un negocio para PSC, Junts y ERC. La Generalitat tardó cuatro años en abrir un expediente, y solo lo hizo tras la presión mediática. El educador que habló claro fue castigado.
La pregunta que nadie responde
El sistema de tutela catalán ha sido calificado de "mafia" por asociaciones de afectados. La querella presentada en marzo de 2026 podría aclarar responsabilidades. Mientras, la pregunta sigue en el aire: ¿proteger menores o proteger el negocio?
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