Un informe calcula que sobran 1,5 millones de empleados públicos

Sobran 1,5 millones de empleados públicos: el coste oculto de la burocracia española​

Un informe calcula que España tiene 1,5 millones de empleados públicos prescindibles, con un coste anual de 67.000 millones de euros. La cifra, que circula desde hace meses, ha reabierto el debate sobre el tamaño del Estado, el enchufismo y la productividad de la administración. El dato, publicado inicialmente en medios como El Economista y La Razón, sitúa a España como el país con mayor proporción de asalariados públicos de la Eurozona, superando a Alemania en un 45% en gasto salarial. Pero, ¿es realmente posible recortar sin colapsar servicios esenciales?

La radiografía del empleo público en España​

Según los datos del informe, en la actualidad hay unos 3,6 millones de empleados públicos, frente a los 700.000 que había en 1976, cuando la población era menor y no existían ordenadores. La relación ha pasado de un funcionario por cada 8,4 trabajadores privados a uno por cada 4,9. Además, se estima que 118.000 empleados faltan cada día a su puesto, un 27% sin baja médica. El coste total de las nóminas públicas supera los 161.000 millones de euros, una cifra récord.

El informe también señala el aumento de la presión fiscal: los españoles destinaban alrededor del 20% de sus ingresos a impuestos en los años 70, frente al 40-45% actual. La deuda pública, que rondaba el 7% del PIB en 1976, se ha disparado. La pregunta es si tanto gasto se traduce en mejores servicios.

El factor 'enchufismo': los casos que salpican a la administración​

El debate no se limita a números fríos. Los casos de contrataciones a dedo, como el del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, o los audios del alcalde de Mérida presumiendo de enchufes, alimentan la percepción de que una parte del empleo público responde más a lealtades políticas que a necesidades reales. En la Generalitat Valenciana, Mazón denunció supuestos 'enchufes masivos' por valor de 700 millones en la etapa de Puig. También se ha criticado la colocación de afines en empresas de la SEPI.

Estos ejemplos, aunque puntuales, refuerzan la tesis de que el clientelismo infla las plantillas. Algunos analistas señalan que el verdadero problema se concentra en ayuntamientos y comunidades autónomas, donde la tasa de empleados públicos por habitante es desorbitada en regiones como Extremadura, con un 26% de la población trabajando para la administración.

¿Reforma o resistencia?​

Frente a quienes piden una reducción drástica, otros defienden que muchos funcionarios son insustituibles: médicos, jueces, policías, inspectores. Apuntan a que los recortes mal hechos pueden afectar a servicios esenciales, y que la comparativa con Alemania es engañosa porque allí la sanidad se gestiona vía seguros privados. También se argumenta que la digitalización ya está eliminando puestos, pero que la administración se resiste a automatizar procesos para no perder votos.

La inteligencia artificial se perfila como la gran amenaza para el empleado público administrativo. Empresas ofrecen robots por 11.200 euros al año que pueden sustituir a una persona. En Estonia, los juicios telemáticos y los trámites digitales han reducido drásticamente la burocracia. España, sin embargo, avanza con lentitud.

La cuestión de fondo es política. Cambiar el estatus de los funcionarios requeriría modificar leyes que lo blindan, algo que ningún gobierno ha abordado con decisión. Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿podemos permitirnos pagar 67.000 millones por empleados que quizás no hacen falta? ¿O es el precio de mantener un estado del bienestar que funciona?