Un grupo de personas intenta linchar a un acusado de asesinato en los juzgados de Sevilla

Justicia a la sevillana: el linchamiento frustrado en los juzgados​

Un grupo de personas intentó el miércoles linchar en los juzgados de Sevilla a un acusado de asesinato, un hombre de nacionalidad marroquí que estaba en prisión provisional por la muerte de Guillermo Cayetano M. G., alias el Galleta. Los asaltantes lograron propinarle varios golpes y derribar a los policías que lo custodiaban. El acusado perdió varias piezas dentales. Las crónicas oficiales evitan mencionar la composición étnica del comité de bienvenida, pero los apodos, los rumores y los antecedentes del fallecido lo dejan caer: ajuste de cuentas entre clanes, probablemente gitanos. Lo que nadie dice es que el sistema judicial prefirió no hacer detenciones. Cero consecuencias.

Las piezas que no encajan en el relato​

El fallecido, alias el Galleta, no era precisamente un ciudadano ejemplar. Las investigaciones lo vinculaban con robos de droga en los últimos meses. El acusado, por su parte, acumula numerosos antecedentes por distintos delitos. La noticia, publicada con cuentagotas, omite sistemáticamente la etnia de los agresores. Los foros – aunque aquí no hablamos de foros – especulan con que los asaltantes son familiares del Galleta, de etnia gitana y aficionados a ritmos musicales sureños. La ausencia de detenidos refuerza la tesis de que las víctimas colaterales no cuentan cuando el presunto autor es inmigrante y los agresores son de minoría autóctona.

Justicia popular vs. estado de derecho​

La reacción en la calle es comprensible para muchos: un marroquí con antecedentes mata a un español (también con antecedentes), y la familia del muerto toma la justicia por su mano. Un sector de la opinión pública aplaude la iniciativa, recordando tiempos en que se entregaba al asesino a los allegados. Otros, más institucionales, recuerdan que la violencia solo engendra más violencia. Pero el dato es que los linchadores salieron sin cargos, y el acusado, además de su condena pendiente, se queda sin dientes a costa del contribuyente. Ironías de un sistema que compensa a los criminales.

La pregunta que nadie contesta​

¿Cuánto ha costado reponer las piezas dentales del acusado? Y sobre todo: ¿por qué los medios mainstream se niegan a llamar a las cosas por su nombre? La respuesta, probablemente, tenga que ver con la incomodidad que genera señalar a determinados colectivos. Mientras tanto, en Sevilla hace buena tarde y el grajo vuela alto.

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