Última hora: sánchez será imfrutado en los próximos días y no tendrá más remedio que dimitir

Caso Koldo: imputación «en días» y la dimisión que casi nadie espera​

«Me cuentan que es cuestión de días y tendrá que dimitir». El mensaje se atribuye a Josué Cárdenas, circula por redes y sitúa a Pedro Sánchez ante una imputación inminente por el caso Koldo. No lo acompaña ningún escrito judicial; hay un anuncio. La conversación que ha levantado no gira sobre si la noticia es cierta, sino sobre una paradoja que se repite: casi nadie espera que dimita, ni siquiera quienes celebran la hipotética imputación como una victoria.

Qué hay de cierto en el anuncio de la imputación​

Anuncios de este tipo se han hecho antes y han quedado en nada. Se recuerda un amago de dimisión, escrito en una carta pública, que se leyó como la antesala de un salto a un puesto europeo de primer nivel. El análisis publicado entonces concluía que algo había para negociar, pero que el reparto estaba muy complicado y ningún sillón estaba libre. Ese es el problema de fondo: para irse hace falta un destino, y no hay ninguno disponible.

La presión política, mientras, sigue su curso. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la salida del presidente con un mensaje en el que le atribuye haber «enloquecido». Es una exigencia política, no un pronunciamiento judicial, y así conviene leerla: a la fecha de esta discusión, la imputación es una expectativa, no un auto.

Por qué se descarta la dimisión: la aritmética del poder​

El argumento más repetido es de pura lógica de incentivos. Como presidente tiene más poder que sin ser presidente. Dimitir abriría un proceso de investidura sin resultado garantizado, entregaría la iniciativa a los socios parlamentarios y dejaría al partido pendiente de un candidato nuevo. Nada de eso conviene a quien controla el calendario.

La segunda pata es institucional. Una corriente de análisis sostiene que el Ejecutivo ha ido copando la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y otros organismos durante los últimos seis años, precisamente para resistir un momento como este. La tesis es política, no un hecho probado, y quien la defiende no aporta más que indicios. Pero explica por qué el escenario de la dimisión se descuenta de antemano.

La tercera pata son los socios. Junts y el PNV sostienen la legislatura y no comparten proyecto, solo intereses puntuales. Hay quien calcula que si esas formaciones recibieran una oferta mejor o más fiable que la actual, la partida se terminaría. Nadie ve esa oferta sobre la mesa.

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El blindaje procesal y el paquete con la amnistía​

Antes de cualquier imputación hay un trámite que no se puede saltar: el suplicatorio al Congreso. Es una barrera que varios mensajes dan por inexistente y que, en la práctica, retrasa y politiza cualquier causa contra un diputado o un miembro del Gobierno. Sobre ese paso se apoya la hipótesis más repetida: que el asunto se diluya dentro del procedimiento.

En paralelo se apunta a una maniobra de empaquetado. La idea que circula es que una eventual medida de gracia, votada en el mismo bloque junto a los independentistas, deje al presidente reforzado en lugar de tocado. Que la operación salga o no es otra cosa; lo llamativo es que la hipótesis se da por plausible antes de que exista siquiera una imputación formal.

Los escenarios de salida que se manejan​

Poco se habla de dimisión y mucho de moción de censura. El guion que más se repite es una abstención de los independentistas que descabalgue al Gobierno y fuerce elecciones, con un obstáculo de fondo: nadie se fía de que un Ejecutivo posterior, necesariamente apoyado en Vox, cumpla lo prometido. De ahí que la agonía se dibuje larga.

También se apunta a dos atajos. Uno es que el presidente convoque elecciones a la vez que dimite, como ya hizo antes. Otro es que la salida se retrase hasta octubre de 2029. Son pronósticos, no agendas.

El relato de la judicialización y por qué importa​

Hay un diagnóstico que se repite en los dos lados y que conviene no confundir con una prueba: la sospecha de que la justicia se usa como arma. Unos subrayan que el aparato del Estado está en marcha, con la UCO investigando, porque hay materia. Otros anticipan el marco contrario: jueces presentados como adversarios políticos y cualquier causa futura leída como una conspiración. Ese relato ya está funcionando y condiciona la lectura de lo que venga.

El precedente que más se cita para calibrar los tiempos judiciales es el de Rodrigo Rato: la Fiscalía llegó a pedir 64 años de condena y el asunto terminó en 4 años. Se usa ese contraste para sostener que los procedimientos en España son largos y políticamente elásticos. Es una lectura interesada, y las cifras proceden de un mensaje del hilo, no de una fuente judicial.

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Una parte de la conversación se desliza hacia formulaciones violentas y comparaciones históricas que no tienen cabida aquí. Que un asunto de suplicatorios termine en ajustes de cuentas imaginarios dice menos del caso que del clima.

No hay fecha, no hay auto, no hay destino alternativo para el presidente y no hay sustituto claro. Todo lo demás son pronósticos cruzados. Y en ese punto exacto se atasca el análisis: con la certeza de que la imputación, si llega, no será el final de nada.