Menas de 45 años: el fraude de la edad que mueve millones
¿De qué sirve alegar minoría de edad si el cuerpo delata 30 años? En Canarias, la Eurocámara ha destapado que la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados son adultos. La Fiscalía añade que solo el 45% de los sometidos a pruebas resultan menores. Detrás de estas cifras hay un entramado económico que mueve miles de millones.
El dato que dinamita el relato
Una investigación del Parlamento Europeo reveló que el 50% de los migrantes registrados como menores en Canarias superaban la mayoría de edad. Marruecos, por su parte, rechaza el 92% de las solicitudes de devolución. La Fiscalía española, con datos de 2026, confirmó que apenas el 45% de los examinados por pruebas óseas y dentales son realmente menores. El resto, adultos de entre 20 y 40 años que han aprendido a mentir sobre su edad.
Una industria de la protección
La cadena de intereses es larga: centros de acogida, ONGs, abogados, trabajadores sociales, policía, sanidad. Cada menor (o supuesto menor) genera un flujo de subvenciones que algunos cifran en más de 50.000 euros anuales por plaza. «Hay muchos miles de millones destinados a toda esta industria del tráfico de inmigrantes», resumía un análisis recurrente. Las regularizaciones exprés sin antecedentes penales completan el cuadro: un pasaporte español que vale su peso en oro.
El coste político y social
Mientras el gobierno insiste en el «son nuestros niños», los centros de acogida mezclan adolescentes reales con adultos. La tensión social crece, y el debate público se polariza. Algunos analistas señalan que el verdadero problema no es la inmigración, sino un sistema que incentiva el fraude. «Nos están tomando por gilipollas», escribía alguien con ironía: «pero no los inmigrantes, sino el Estado».
Con estos números, el negocio de la protección sigue intacto. Y mientras, los menores reales siguen siendo los que menos importan.