Trump y Musk contra el sector público: ¿podría pasar en España?

Quince minutos para justificar tu sueldo público​

En una sala sin ventanas, un empleado federal se sienta frente a dos evaluadores con una carpeta. Tiene un cuarto de hora para explicar qué hace exactamente, qué problema resuelve y por qué su puesto no debería desaparecer. Si no convence, a la calle. Es el método que el equipo de eficiencia estatal, conocido como DOGE, ha empezado a aplicar sobre la burocracia federal de Estados Unidos, y que ha desatado una tormenta política en un país donde el gasto público ronda el 40% del PIB y donde el Estado emplea a millones de personas en agencias que la mayoría de contribuyentes no sabría nombrar.

La idea, atribuida al entorno de Elon Musk, consiste en someter a los funcionarios a una entrevista exprés: quince minutos para defender su existencia. Quien no pueda describir con detalle el problema que resolvió y cómo lo hizo, según el razonamiento que circula, es porque probablemente no hizo nada relevante. La lógica tiene su gancho: el que de verdad arregló algo recuerda cada paso del proceso; el que solo se apuntó el tanto se queda en generalidades.

¿Cuánto pesa el sector público en Estados Unidos y en España?​

El dato que ordena todo el debate es el peso del Estado en la economía. En Estados Unidos, el sector público representa alrededor del 33% del PIB, una cifra que en España se acerca al 50%. Esa diferencia es la que alimenta la comparación: si el ajuste se aplicara aquí, el volumen de empleo público afectado sería incomparablemente mayor.

Hay quien matiza que el gasto estatal estadounidense ha llegado a rozar el 41% en algunos ejercicios, y que durante la pandemia se disparó hasta el 49%. Dentro de ese gasto, defensa y seguridad representan en torno al 9% oficial. El resto es el laberinto de agencias, organismos y programas que el plan de recorte quiere poner bajo la lupa. La discusión de fondo no es solo cuánto se gasta, sino cuánto de ese gasto produce algo que alguien pueda medir.

El argumento de la productividad frente al argumento del servicio​

La defensa del plan se apoya en una idea sencilla: mantener puestos improductivos es lo raro, no lo excepcional. Si un empleado no puede articular el valor de su trabajo en un cuarto de hora, sostienen, el problema no es la entrevista, es el puesto. En esa línea, hay quien recuerda que el sector privado lleva décadas sometido a evaluaciones de desempeño y que nadie se escandaliza por ello.

La objeción es igual de directa. ¿Qué valor económico tangible tiene que un juez dicte sentencia contra un asesino, que una enfermera ponga cuatro puntos de sutura o que un médico extirpe un apéndice? La pregunta no es retórica: si el criterio es la productividad medible en euros, buena parte de las funciones esenciales del Estado no pasan el filtro. El plan, dicen sus críticos, confunde eficiencia con contabilidad.

El precedente suizo y la sospecha española​

La comparación con Suiza aparece pronto. Según un comentario del hilo, allí existen inspectores que revisan el trabajo de los empleados públicos para detectar chanchullos y verificar que realmente cumplen su jornada. La diferencia no es de método, es de cultura administrativa. En España, la sola idea de evaluar a un funcionario con criterios de productividad provoca una carcajada o un escalofrío, según el lado de la mesa.

El cálculo más repetido en los mentideros es que una purga de ese tipo en España generaría más de dos millones de parados nuevos. La cifra es un ejercicio de imaginación, no una proyección seria, pero mide bien la magnitud del tabú. Aquí el debate no es cómo evaluar al funcionario, sino si se puede siquiera plantear sin que te acusen de querer desmantelar el Estado.

Lo que el plan no resuelve​

La crítica más incómoda no viene de los defensores del empleo público, sino de los escépticos del propio plan. Si se echa a los incompetentes, ¿quién garantiza que los sustitutos no sean enchufados del nuevo color político? La historia de las administraciones sugiere que los puestos no desaparecen: cambian de manos. La eficiencia, en ese escenario, es solo una palabra para describir el reparto.

También queda la cuestión de las agencias. El funcionario de ventanilla es visible; el problema real está en los organismos que dependen de los ministerios, se financian con tasas y precios públicos, no requieren oposición para entrar y que la mayoría de los ciudadanos no sabe que existen. Ahí no hay quince minutos que valgan, porque nadie sabe cuántos son ni qué hacen.

El dato que descoloca no es el 33% ni el 50%. Es que, en un país donde el Estado mueve un tercio de la economía, la mayoría de los contribuyentes no podría nombrar ni una de las agencias que financia. La entrevista de quince minutos no arregla eso. Solo lo hace visible.