La izquierda ya pide voto para inmigrantes ilegales: ¿clientelismo o democracia?
Imagina que un tweet propone que cualquiera que pague impuestos tenga derecho a votar, sin importar su estatus legal. Ese es el punto de partida de un debate que, aunque parece marginal, está ganando tracción en sectores de la izquierda. La idea lleva un año cociéndose, desde la regularización masiva, y ahora algunos ya piden abiertamente el voto para los irregulares. La pregunta es si se trata de un intento desesperado de asegurar votos o de una redefinición de la soberanía.
La ventana de Overton en movimiento
Hace solo unos años, la idea de que un inmigrante ilegal votara en elecciones nacionales era tabú. Pero la estrategia de avances graduales ha funcionado: primero la regularización, luego el voto municipal para residentes legales, y ahora el siguiente paso. Los argumentos son conocidos: si pagas impuestos, tienes derecho a decidir cómo se gastan. Quienes lo defienden señalan que es cuestión de congruencia democrática. Quienes lo atacan, que es la puerta a un clientelismo masivo donde el voto se compra con paguitas y promesas.
El mecanismo legal actual ya permite a los extranjeros legales votar en municipales, pero para las generales se requiere nacionalidad. Obtenerla exige 10 años de residencia legal, salvo para iberoamericanos (2 años). La trampa está en que la residencia ilegal no cuenta, pero una vez regularizados, empieza a correr el plazo. Así, un inmigrante que llegue hoy en cayuco podría, tras regularizarse y cumplir 10 años, votar en generales dentro de 15 años. El plazo parece largo, pero el efecto acumulativo es demográficamente significativo.
Clientelismo político y miedo a quedarse fuera
Detrás de la presión por ampliar el censo sube un cierto FOMO (miedo a quedarse fuera) de la izquierda. Algunos analistas sostienen que la izquierda cree que ha perdido votos por irse demasiado al centro, y la solución es escorarse a la izquierda, incluso en políticas de identidad e inmigración. Al mismo tiempo, se asume que los nuevos votantes —especialmente los subsaharianos y magrebíes— votarán mayoritariamente a la izquierda, al menos inicialmente. Pero hay voces que advierten: los hispanoamericanos, una vez asentados, suelen derivar hacia opciones conservadoras. Y los magrebíes podrían organizarse en partidos islamistas al estilo Hermanos Musulmanes.
Reacciones: del miedo a la resignación
Las reacciones en el debate van desde la indignación por lo que consideran una traición a la soberanía nacional hasta la resignación de que es cuestión de tiempo. Algunos señalan que el patrón ya se vio con los sindicatos, que intentaron convertir personal laboral en funcionarios para asegurarse votos, y fracasaron cuando esos nuevos funcionarios dejaron de votarles. La analogía sugiere que el clientelismo no siempre funciona a largo plazo. Otros temen que, con el tiempo, los inmigrantes creen sus propios partidos étnicos o religiosos, fragmentando aún más el panorama político.
El dato que descoloca es el cronograma: cuando un bebé que hoy llega en patera cumpla 15 años, podría estar votando en las elecciones generales. Para entonces, la composición demográfica de España habrá cambiado sustancialmente. Y mientras el debate se centra en la legalidad, la realidad avanza: los padrones municipales ya permiten a los irregulares empadronarse, y desde ahí el salto al censo electoral es solo cuestión de voluntad política. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo.
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