¿Todo el proceso de adjudicación del "rescate" a Plus Ultra está corrupto?

Plus Ultra: el rescate que apesta a trama​

El rescate público a Plus Ultra no fue un simple salvamento empresarial. Según los datos disponibles, la operación presenta todos los síntomas de una adjudicación amañada. La aerolínea, que apenas operaba una ruta España-Venezuela con una flota minúscula, recibió dinero público cuando los criterios de la SEPI reservan estas ayudas para empresas sistémicas. ¿Casualidad? Quienes han analizado el caso lo descartan.

El sumario judicial revela que la cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario Julio Ariza y al exjuez Manuel García-Castellón para neutralizar la acusación de Vox, que había logrado mantener vivo el caso penal. Tras el sobreseimiento en enero de 2023, Vox retiró su fianza y dejó de presionar. La pregunta flota: ¿hubo contrapartidas?

Pero el rastro más turbio apunta a Julio Martínez Martínez, un empresario que entre 2020 y 2024 controlaba 39 empresas –20 inactivas– sin cuentas bancarias a su nombre en España y con una sola declaración de IRPF en cinco años. Los informes de la ONIF sugieren un entramado opaco donde el rescate pudo servir para blanquear fondos de origen ilícito, una teoría que conecta con el viejo caso Mena en EE.UU.

La combinación de una empresa sin peso estratégico, gestiones judiciales paralelas y una estructura financiera diseñada para ocultar recursos hace que el relato oficial del «rescate» se tambalee. Si el proceso fue limpio, alguien deberá explicar por qué tantos detalles no encajan. Si no lo fue, el caso Plus Ultra podría ser solo la punta de un iceberg mucho mayor.