Perro sin bozal arranca una oreja a una mujer en Elda
Un perro que era paseado sin correa ni bozal por una mujer de 44 años, que no era su propietaria, la atacó en Elda y le arrancó parte de una oreja. No fue el único herido: el animal se ensañó con otras dos personas y con un niño de cuatro años. La intervención de la Guardia Civil acabó con los agentes también heridos, después de que el responsable huyera e instigara al perro a cargar contra ellos.
El suceso reabre un asunto incómodo: quién responde cuando un perro potencialmente peligroso causa daños. La primera lectura que domina el análisis es económica. La imprudencia de no usar correa ni bozal acaba costando dinero público: facturas sanitarias, intervención de las fuerzas de seguridad, expedientes judiciales y, previsiblemente, indemnizaciones. «Tantos impuestos y para esto no», resumía una de las reacciones más repetidas ante el coste que asumirá el contribuyente.
¿El dueño o la raza?
Las posturas se dividen. Quienes defienden que la culpa es exclusiva del dueño recuerdan que el animal no decide su educación: el problema es la selección de razas criadas para la pelea y la irresponsabilidad de quienes las eligen sin preparación. En el extremo contrario, crece la exigencia de limitar o prohibir directamente la tenencia de ciertas razas, con argumentos como «a la primera sangre, sacrificio». Hay incluso quien va más allá y propone medidas radicales, aunque ninguna cuenta con respaldo legal.
La cuestión se extiende a razas concretas: se citan los pitbulls y su «potencia de mordida», y no faltan referencias a perros como el cane corso, presentes en barrios sin ningún control. El fondo del asunto es si la ley actual está pensada para proteger al ciudadano o para no molestar al propietario.
El coste de la imprudencia
Lo que casi nadie discute es la cadena de fallos: un perro sin bozal, una paseante que no era la dueña, una huida ante la autoridad y un ataque final a los guardias civiles. Cada eslabón añade coste. La factura final, como se señala en el análisis, no la pagan solo los heridos: la paga el sistema público, con el bolsillo de todos.
La pregunta que queda encima de la mesa no es si el perro es culpable – nadie lo sostiene con seriedad – sino por qué sigue siendo tan fácil que un animal de estas características acabe en manos de quien no sabe gestionarlo. Mientras la regulación no distinga entre tener un perro y asumir el riesgo que implica, Elda volverá a repetirse.