Un mapa colaborativo de delitos en tiempo real: tres jóvenes y OpenStreetMap
Tres jóvenes programadores han puesto en marcha un mapa colaborativo que geolocaliza incidentes delictivos en tiempo real. El detonante, según el planteamiento que ellos mismos difundieron, fue una agresión sufrida por dos hermanos en Madrid hace tres meses, en la que uno de ellos resultó herido de consideración. La conclusión que sacaron fue sencilla: si nadie iba a avisarles, se avisarían entre ellos. Así nació NoGoZone.org, una herramienta que combina reporte ciudadano con fuentes abiertas y que se apoya en OpenStreetMap para no pagar licencias a Google.
El proyecto se presenta como un MVP funcional con tres patas. La primera es el reporte manual: cualquier persona puede clicar sobre el mapa y dejar constancia de un incidente con tipo de delito, hora y lugar. La segunda, y la que ellos consideran más útil, es la monitorización de zonas calientes: el usuario marca su casa, el colegio de sus hijos o su hotel con un radio —ponen el ejemplo de 500 metros— y recibe una alerta al móvil si se verifica un incidente dentro de ese perímetro. La tercera es la ausencia de filtros editoriales: lo que se reporta es lo que aparece.
El modelo de negocio: donaciones y servidores pagados de bolsillo
El planteamiento económico es explícito: la herramienta es gratuita y no hay plan de suscripción ni publicidad. Los tres promotores afirman pagar los servidores de su propio bolsillo y sostienen que el proyecto se mantendrá con donaciones voluntarias de quienes lo encuentren útil. Es, en la práctica, un ejercicio de infraestructura mínima: OpenStreetMap en lugar de Google Maps, RSS de medios en lugar de bases de datos propietarias, y un equipo de tres personas sin financiación externa.
Esa austeridad tiene un coste técnico que los propios usuarios detectaron pronto. Varios reportaron que el mapa no cargaba correctamente, que no resolvía la dirección sin el prefijo www o que el zoom y el desplazamiento con los dedos no funcionaban en navegadores como Firefox o Brave. Los promotores reconocieron los fallos y los atribuyeron, en parte, a la infraestructura de OpenStreetMap y, en parte, a problemas de configuración del dominio. «La mierda de openmaps veré como arreglarlo bien», resumió uno de ellos.
La automatización: del reporte manual al scraping de noticias
El cuello de botella que ellos mismos identificaron fue la participación. La idea original —que los ciudadanos reporten incidentes— se topó con una realidad incómoda: la gente no reporta. «Hemos sido optimistas», admitió uno de los promotores, que empezó a explorar vías alternativas para poblar el mapa sin depender de la buena voluntad ajena.
La solución que están implementando pasa por la automatización. El plan, según detallaron, es conectar el sistema a los RSS de diarios españoles e internacionales, filtrar las noticias de sucesos y geolocalizarlas para que aparezcan en el mapa sin intervención humana. En el momento de la discusión, el sistema ya conectaba con RSS de ciudades de más de 200.000 habitantes en varios países. Un participante aportó una hoja de ruta técnica concreta: conectarse a los RSS de un medio como El Mundo, filtrar por palabras clave o con un modelo de lenguaje local, extraer la ubicación del titular y geolocalizarla con una API, todo ello ejecutado periódicamente mediante un cron.
La propuesta tiene una objeción que varios señalaron: los medios ocultan con frecuencia la procedencia de los presuntos autores, lo que limita la granularidad del dato. Y una segunda, más de fondo: si el mapa se llena solo con noticias, ¿para qué sirve el reporte ciudadano?
El problema del arranque en frío y la sombra del Waze
La comparación con Waze apareció varias veces. La mecánica es similar: usuarios que reportan incidencias en tiempo real, un sistema de puntos para filtrar bots y usuarios falsos, y una comunidad que se autorregula. La diferencia es que Waze resuelve un problema de tráfico y este proyecto intenta resolver uno de seguridad. La sugerencia más repetida fue copiar el sistema de confirmaciones: que otros usuarios validen el incidente y que quien acierte acumule puntos.
El arranque en frío es el obstáculo clásico de cualquier plataforma colaborativa. Sin usuarios no hay datos, y sin datos no hay usuarios. Los promotores barajaron cerrar el reporte a un círculo reducido y subir ellos mismos los incidentes, una decisión que reconocieron que les daba vértigo porque desnaturaliza el proyecto. La alternativa que están explorando es la difusión: foros, Telegram, y la posibilidad de imprimir carteles con código QR para colocar en transporte público, aunque uno de ellos descartó esta última vía por el perfil de los potenciales receptores.
La objeción previsible: racismo y censura
El proyecto se enfrenta a una acusación que varios anticiparon: que sea tildado de racista o de herramienta de ultraderecha. «Si se hace viral os llamarán racistas de ultraderecha y arreglao», vaticinó un participante. Otro fue más directo: «Os la van a chapar por racismo o alguna mierda así». Los promotores no lo negaron. Uno de ellos respondió que ya ocurre en su entorno personal.
La tensión es real y no resuelta: un mapa que geolocaliza delitos cometidos por personas identificadas por su origen étnico o nacionalidad entra de lleno en el terreno de la generalización. El proyecto, tal como se describe, no filtra por autor, pero el lenguaje con el que se presenta en algunos mensajes sí lo hace. Esa contradicción entre la herramienta y su envoltorio comunicativo es, probablemente, su mayor riesgo reputacional y legal.
¿Qué pasa con los datos y quién los controla?
La pregunta sobre la protección de datos apareció de forma tangencial. Los promotores afirmaron que no se quedan con datos personales, salvo el correo electrónico para evitar bots. No hay, en el material disponible, mención a cumplimiento del RGPD, a política de privacidad ni a mecanismos de verificación de la veracidad de los reportes. Tampoco a moderación de contenido.
Eso deja abiertas varias cuestiones que el proyecto tendrá que resolver si quiere escalar: ¿qué impide que alguien reporte un incidente falso en la casa de un vecino? ¿Cómo se verifica un delito sin convertirse en una fuente de rumores? ¿Quién responde legalmente si un reporte señala a una persona concreta? La herramienta, en su estado actual, es un mapa de puntos sin capa de verificación. La capa de verificación es, precisamente, lo que separa una herramienta útil de un problema legal.
El contexto: la seguridad ciudadana como producto
El proyecto no nace en el vacío. Nace de una percepción de inseguridad que varios participantes comparten y que se traduce en medidas individuales: desde llevar un taser —uno de ellos admitió hacerlo, pese a su ilegalidad— hasta plantearse mudarse a un pueblo. La seguridad ciudadana se ha convertido en un producto que el mercado no cubre y que la administración, según esta percepción, tampoco. Ese hueco es el que estos tres programadores intentan llenar con código abierto y donaciones.
La pregunta que queda sin responder es si un mapa colaborativo de delitos resuelve algo o solo documenta un problema. La evidencia de proyectos similares en otros países —varios participantes mencionaron iniciativas en Miami y Alemania con cientos de miles de incidentes registrados— sugiere que la utilidad no está en la prevención sino en la visibilización. Un mapa no detiene una agresión. Pero hace visible un patrón que el relato oficial a veces difumina.
¿Basta con eso?