Sumar propone ilegalizar alquileres sin aire acondicionado: ¿más gasto o menos oferta?
El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, anunció esta semana una propuesta que ha encendido el debate: obligar a que todas las viviendas en alquiler tengan al menos una unidad de aire acondicionado. La medida, presentada en el Congreso, pretende garantizar «condiciones climáticas oportunas» en un contexto de olas de calor cada vez más frecuentes. Pero la iniciativa choca con múltiples frentes, desde el coste para los propietarios hasta la contradicción con los objetivos climáticos europeos.
Una vivienda digna o un gasto más
La propuesta de Sumar parte de una premisa lógica: en pleno siglo XXI, nadie debería sufrir temperaturas extremas en su hogar. Sin embargo, la obligatoriedad de instalar aire acondicionado en todo el parque de alquiler supone una inversión millonaria. Se calcula que instalar un equipo básico cuesta entre 800 y 1.500 euros, a lo que hay que sumar el incremento en la factura eléctrica. Para muchos pequeños propietarios, que ya enfrentan la presión de la Ley de Vivienda y la okupación, esta nueva carga podría ser la gota que colma el vaso. El resultado previsible: una reducción de la oferta de alquiler, justo lo contrario de lo que necesita un mercado tensionado.
El dilema climático
La ironía no escapa a nadie: los mismos partidos que promueven la lucha contra el cambio climático exigen ahora un electrodoméstico que consume mucha energía y contribuye al calentamiento urbano. La normativa europea avanza hacia la prohibición de los gases refrigerantes más contaminantes y la instalación de sistemas pasivos de climatización. Sumar parece ignorar esta tendencia. Mientras Bruselas impulsa la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, la propuesta de Ibáñez apuesta por una solución intensiva en consumo eléctrico. La paradoja es evidente: obligar a poner aire acondicionado en todas las casas mientras se quiere descarbonizar la economía.
El efecto sobre los precios del alquiler
Más allá de la contradicción ecológica, el impacto económico es tangible. Los propietarios trasladarán el coste de la instalación y el mantenimiento al inquilino vía subida del alquiler. En un mercado donde la oferta ya es escasa, cualquier incremento de costes se traduce en rentas más altas. Sumar defiende que la medida es necesaria para la salud de los inquilinos, pero los números sugieren que, de aprobarse, el precio medio del alquiler podría subir entre un 5% y un 10% adicional, según estimaciones del sector inmobiliario. La pregunta es si los beneficios térmicos compensan el encarecimiento de la vivienda.
El dato que descoloca: mientras Sumar exige aire acondicionado en los pisos de alquiler, la mayoría de las escuelas e institutos públicos españoles carecen de climatización. La coherencia del relato se resquebraja cuando se mira el conjunto de la inversión pública.