Sánchez reactiva la justicia universal contra Trump y Netanyahu
El Gobierno de Pedro Sánchez baraja reabrir el principio de justicia universal en España para investigar y juzgar al expresidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Según fuentes próximas al Ejecutivo, la medida permitiría a la Audiencia Nacional perseguir delitos como exterminio masivo, crímenes de guerra o lesa humanidad, independientemente del lugar donde se cometieron o la nacionalidad de los implicados.
La iniciativa evoca el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998 a raíz de una orden de extradición del juez español Baltasar Garzón. Sin embargo, el contexto geopolítico actual es radicalmente distinto. Estados Unidos e Israel son aliados estratégicos de España, y una acción de este tipo podría desencadenar graves consecuencias diplomáticas y económicas.
¿Qué delitos se fruta?
Los defensores de la medida señalan que Trump acumula varias causas por hostigamiento íntimo en EE.UU., aunque se habría autoindultado al llegar a la presidencia y despidió a los fiscales que llevaban los casos. Respecto a Netanyahu, se le acusa de crímenes de guerra en Gaza, aunque no hay condena firme. La justicia universal española ya ha sido utilizada en el pasado contra responsables de la dictadura argentina o de la guerra de Irak, pero su aplicación a líderes de potencias nucleares carece de precedentes.
Riesgos de cortina de humo
Los críticos consideran que el anuncio es una maniobra de distracción para desviar la atención de los problemas internos del Gobierno: casos de corrupción, crisis económica y descontento social. También alertan de que la iniciativa es jurídicamente inviable sin la cooperación de los países implicados. «¿Quién va a detener a Trump en Washington? ¿Vas a ir con un matasuegras?», ironizan algunos analistas. Por el contrario, sus partidarios sostienen que si no se juzga a estos líderes en sus países, debe hacerse en España.
La propuesta, de materializarse, supondría un terremoto en las relaciones internacionales. Mientras tanto, el Ejecutivo no confirma ni desmiente el plan, que ya ha sido calificado como cortina de humo y lawfare por la oposición.
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