Soy más de izquierdas que tu... y voto a VOX

Soy más de izquierdas que tú y voto a VOX​

Expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos, fijar precios máximos al carburante y a la electricidad, montar una empresa pública en cada sector clave y donar el 0,7% del PIB a los países pobres. Ese es el programa que enumera un votante que se define como «muy de izquierdas», de la izquierda de antes. Y cierra el razonamiento con una frase que rompe el guion: vota a VOX. No es una provocación de sobremesa. Es una tesis con estructura: si ningún partido defiende ya a la clase obrera y todos se reparten en colectivos, cada cual acaba votando al que reconoce el suyo. El suyo, dice, es el de hombre y padre divorciado.

Qué pide exactamente este votante de izquierdas​

La lista no tiene nada de tibia. Empresa pública en carburantes, electricidad y transportes. Precio máximo fijado por el Estado para bienes y servicios esenciales. Expropiación de viviendas desocupadas en manos de bancos y fondos para repartirlas entre familias con pocos recursos o, en su defecto, decenas de miles de viviendas de protección oficial al año. Y una cifra que repite como bandera: el 25% de todo el dinero de España está en manos de un 1% de la población. De ahí, sostiene, sale la necesidad de redistribuir.

Tampoco se corta en lo demás. Quiere que los impuestos financien servicios —educación, sanidad, transporte, justicia— y no chiringuitos. Defiende que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, siempre que lo pague de su bolsillo. Y aspira a que una familia viva con un solo sueldo. Ninguna de esas banderas le suena a ningún programa vigente. Ese es el salto.

De la clase obrera a la política de colectivos​

El diagnóstico central es cultural. Donde antes se hablaba de clase obrera, ahora se habla de colectivos: el feminista, el LGTB, el migrante y, con retranca, el de los empresarios. En esa fragmentación, el votante sin etiqueta queda huérfano. Hay quien va más lejos y ve diseño en la maniobra: dividir a la población en grupos presuntamente incompatibles sería la forma más eficaz de que nadie sume mayoría.

En contra pesa otro argumento. Se sostiene que la derecha también persigue justicia social dentro de su propio marco, y que dar por hecho lo contrario es un error de percepción. También se recuerda que este votante apoyó el 15M y a Podemos cuando parecían ir por esa línea: la decepción, vienen a decir, es el motor real del cambio de papeleta.

El 0,7% del PIB: la ayuda que ya no defiende nadie​

Pocas propuestas de la lista generan tanto rechazo como la donación del 0,7% del PIB a los países pobres. El argumento dominante es que décadas de evidencia empírica no respaldan que esas transferencias saquen a nadie de la miseria y que incluso pueden desincentivar el trabajo en origen. Se añade otro: la pobreza extrema se combate con capital, ahorro e inversión, no con ayudas.

La versión más desarrollada señala que un país pobre sale adelante aliándose con economías ricas que trasladen producción, aporten conocimiento y firmen convenios comerciales, y que esa primera capitalización permitiría financiar infraestructuras y educación. El obstáculo, dicen, no es la falta de fondos sino la falta de seguridad jurídica: si el dinero acaba en otro palacio, no hay proyecto que aguante.

¿Derogará VOX las leyes de género?​

Ahí está, según este votante, la razón última de su papeleta: espera que el partido deje sin efecto las leyes «de género», y es lo único que parece moverle de verdad. No todos lo ven igual. Frente a esa expectativa, otras voces sostienen lo contrario: que la vía no sería derogar sino ampliar el marco a toda la familia, bajo el argumento de que así resulta menos discriminatorio, cuando lo que se pedía era retirarlo. Y se recuerda que el partido respaldó la ampliación del estado de alarma y después la denunció, lo que alimenta la duda sobre su disposición a ejecutar lo que promete.

Empresas públicas, precios máximos y quién gestiona el dinero​

Sobre la economía se cruzan dos objeciones. La primera: buena parte de lo que se reclama ya existe en la práctica, porque el Estado coloca a cargos en los consejos de administración de las compañías estratégicas. El problema no sería la falta de control público, sino quién lo ejerce. La segunda apunta a los datos de la propia lista: si el 25% del dinero está en el 1%, se responde, buena parte de esa concentración viene de regulaciones que discriminan y de redes políticas, no solo del mercado.

¿Siguen sirviendo las etiquetas de izquierda y derecha?​

Hay quien va más allá y sostiene que izquierda y derecha son etiquetas pensadas para mantener a la población enfrentada dentro de una partitocracia. Desde ahí, el trasvase de votos no sería una traición, sino la consecuencia lógica. Otros lo leen como cinismo puro: si todos los partidos acaban pactando lo mismo, votar se convierte en un ejercicio de interés particular, un sálvese quien pueda con papeleta.

Con estos mimbres, la pregunta no es si este votante es de izquierdas. Es qué pasaría si mañana apareciese un partido que le firmase la mitad de su programa. ¿Le votaría de verdad? ¿O su voto ya no va de programas?