¿Sois todos SUNORMALES con lo de ceuta?

Ceuta: la frontera que enciende la controversia económica​

Afirmar que la inmigración decide el nivel de los salarios es cómodo, pero falso. La crisis de Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa una cifra: varios millones de personas habrían llegado a España en pocos años. La pregunta es si esa llegada explica el estancamiento salarial, la escalada de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos. La respuesta, a la vista de los argumentos cruzados, no es la que quiere escuchar ni el Gobierno ni la oposición.

Hay quien sostiene que los sueldos no los revientan las personas migrantes, sino las condiciones laborales impuestas por las empresas. El argumento se apoya en que los salarios reales llevan estancados desde antes de que la inmigración se acelerase. Quienes defienden esta tesis ponen como espejo a países con más población extranjera que España, donde el salario mínimo se ha subido hasta los 2.500 euros mensuales sin que el mercado laboral colapsara.

Enfrente está la corriente que atribuye a la entrada masiva de trabajadores una presión a la baja sobre los sueldos y una subida de precios de la vivienda como no se recuerda. Para esta lectura, la frontera no es solo un problema de seguridad, sino la causa directa de la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. Entre medias queda el dato incómodo: ambos fenómenos —inmigración y precariedad— han coincidido en el tiempo, pero la causalidad no está demostrada.

El precio de la vivienda es lo que más cerca está de un consenso: ha subido a niveles récord. Ahora bien, repartir la culpa solo sobre la demanda migratoria ignora la falta de oferta, la conversión de viviendas en pisos turísticos y la compra por parte de fondos de inversión. La lectura más prudente apunta a que la inmigración añade presión en las zonas tensionadas, pero no explica el problema estructural.

Ceuta concentra todas las contradicciones. Por un lado, se ve como un enclave militar estratégico para el control del estrecho; por otro, como un territorio habitado que reclama una política migratoria europea que no existe. Hay quien propone desmantelar la ciudad y convertirla en base castrense, una idea que ignora a los residentes. La realpolitik, sin embargo, manda: mientras Marruecos use la frontera como válvula de presión, ninguna propuesta de gestión será suficiente.

La polémica ha acabado convertida en un intercambio de golpes entre bloques. La culpa es del Gobierno central, dice un bando. No, la responsabilidad es de las comunidades autónomas y de la falta de Estado, responde el otro. Mientras tanto, la anécdota del paciente con metástasis desatendido por una médico sustituta extranjera sin continuidad asistencial resume el miedo real: la calidad de los servicios públicos también está en juego. Los datos disponibles apuntan a que el sistema soporta la presión, pero no indefinidamente.

Si la inmigración fuera la única causa de los males económicos, cerrar las fronteras bastaría. No lo hizo en el pasado, y probablemente no lo hará ahora. La controversia seguirá abierta, no porque falten datos, sino porque el coste de las soluciones no lo quiere pagar nadie.