El manual del enchufismo: cómo colocar a un familiar inhabilitado sin oposición
La inhabilitación para cargo público cierra la puerta de la administración, pero deja muchas ventanas abiertas. Cuando un familiar directo no puede optar a una plaza por sentencia judicial, el ingenio de los gestores públicos no conoce límites: ONG que viven de contratos públicos, empresas semipúblicas, fundaciones sin control y hasta la discapacidad sobrevenida. El catálogo es tan variado como descarado.
La ruta de las fundaciones y ONG
Una fundación creada por el partido o un allegado puede absorber al afectado con un sueldo sin concurrencia. Luego, la entidad recibe adjudicaciones directas de los mismos que la crearon: mantenimiento, jardinería, puntos violetas, catering. La fiesta de la democracia —en palabras de un analista— es inagotable. La ventaja es que escapa a los controles de la función pública.
Empresas públicas y medios afines
Otra opción recurrente es un puesto bien remunerado en una empresa pública como Indra, o un programa en la cadena pública o afín. Sueldos de hasta 250.000 euros anuales por una labor artística que ni siquiera exige presencia. La relación contractual se disfraza de creatividad y se paga con publicidad institucional.
La vía de la discapacidad o la fuga jurisdiccional
La vía más cínica: solicitar una pensión por incapacidad que, con los contactos adecuados, se concede con celeridad. O la escapatoria internacional: colocar al pariente en un organismo fuera de la jurisdicción española, donde la condena local no llega. Las clases online de un máster inexistente o un puesto en una herriko taberna radical completan el abanico.
Con estos mecanismos, una condena de inhabilitación es más un inconveniente que un veto. La pregunta es cuánto tiempo podrán seguir funcionando estas válvulas de escape sin que el sistema las tape. Pero mientras la fiesta dure, la imaginación no se agota.