Silvia, peruana llegada hace 5 meses a españa (ilegal, claro): "nadie me quiere alquilar porque tengo 2 hijas y trabajo por horas"

Sin nómina ni aval: el muro invisible del alquiler en Pontevedra​

Silvia Álvarez-Cano llegó de Lima hace cinco meses con dos hijas de 13 y 8 años. Busca piso en Pontevedra y acumula negativas. «Me dicen que no alquilan ni con niños ni con mascotas», resume. No es una frase suelta: es el filtro que aplican inmobiliarias y propietarios en una ciudad donde la oferta escasea y el precio se ha convertido en el principal criterio de selección. La paradoja es que Silvia trabaja, su madre también, y entre ambas podrían afrontar la renta. Lo que no tienen es la documentación que el mercado exige.

Qué exige hoy una inmobiliaria para alquilar un piso​

En PonteHabitat, una de las principales agencias de la ciudad, piden contrato de trabajo, las tres últimas nóminas y un mes de fianza. Si hay mascota, un mes adicional de garantía. Natalia Orbán, responsable de la inmobiliaria, lo explica sin rodeos: «La oferta es muy escasa, la demanda muy alta y los precios están cada vez más altos». Con ese desequilibrio, el propietario escoge. Y el perfil que menos papeleo genera gana.

Los precios que maneja el sector en Pontevedra: un piso de dos habitaciones se firmó por 795 euros. Uno de tres con garaje, entre 800 y 1.000 euros. Uno de una, alrededor de 650. Añadan comunidad y seguro. Silvia lo comprobó: «Nos piden más de 750 euros en casi todos».

Por qué los propietarios rechazan a familias con menores​

El argumento que más se repite no es el precio, es el riesgo jurídico. «Si son personas en situación vulnerable y con menores, en el caso de que haya problemas, el propietario está desprotegido», sostiene Orbán. La ley protege al inquilino vulnerable, y eso, en la práctica, reduce el universo de caseros dispuestos a alquilar. Hay quien lo formula con crudeza: si no se puede echar al primer impago, el propietario prefiere no entrar. Es el efecto perverso de una norma pensada para proteger y que termina expulsando del mercado a quien pretendía amparar.

A eso se suma la situación administrativa. El proceso de regularización de la población inmigrante puede prolongarse hasta tres años. Mientras, sin nómina ni aval, la única puerta que queda es la habitación compartida. Silvia y su familia encontraron dos por 300 euros cada una, y comen en el cuarto porque el piso tiene más gente. «Alugar unha habitación é a única alternativa que lle queda a moitos», reconocen desde la oenegé Boa Vida.

Trabajo por horas, sin nómina: el círculo que no se cierra​

Silvia trabaja por horas. Su madre se quedó sin empleo. Entre ambas intentaron reunir aval y fianza, pero el salario no llega. «Ojalá pudiera encontrar un trabajo a jornada completa», dice. Ese es el nudo: sin contrato estable no hay nómina, sin nómina no hay alquiler, sin alquiler no hay domicilio, y sin domicilio se complica cualquier regularización. Un círculo que el mercado no rompe y la administración tarda años en deshacer.

La paradoja final la firma ella misma: pese a todo, repetiría el viaje. «Aquí me siento segura». Salió de Lima, dice, huyendo de la inseguridad. Y aterrizó en un mercado donde la seguridad que le falta al casero es la que a ella le sobra en la calle.

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La discusión que genera este caso va más allá de Silvia. ¿Debe el propietario asumir el riesgo social que el Estado no cubre? ¿O es el Estado quien debe garantizar el acceso a la vivienda sin cargar el coste sobre el particular? Con los precios actuales y la oferta en mínimos, la respuesta no está en el mercado.