Si tienes 55 años o más y trabajas en el SANTADER, te puedes PREJUBILAR

Prejubilación en Santander: salir a los 55 con el 95% de la pensión y 10 años por delante​

La última hornada de prejubilaciones en el Banco Santander ha vuelto a poner sobre la mesa un clásico de las grandes corporaciones españolas: empleados que abandonan la vida laboral a los 55 años con condiciones que la mayoría de los mortales ni siquiera imagina. Según los datos disponibles, la entidad ofrece hasta el 95% de la pensión máxima para quienes acepten salir una década antes de la edad legal de jubilación. El paquete incluye, además, una indemnización que puede rondar los 180.000 euros y el mantenimiento de las cotizaciones por la base máxima hasta los 65 años.

Estas condiciones no son nuevas en el sector financiero. Durante los años 90 y 2000, las prejubilaciones en banca y eléctricas alcanzaban cotas aún más generosas: salidas a los 50 o 52 años con el 100% del salario íntegro hasta la jubilación y complementos de convenio que igualaban la pensión final al último sueldo. Sin embargo, la crisis de 2008 y la reforma laboral de Zapatero introdujeron la llamada «cláusula Telefónica», que obliga a las empresas a abonar al Tesoro una compensación por los despidos colectivos de mayores de 50 años. El coste de estas prejubilaciones recae íntegramente en la compañía, que asume las mensualidades y las cotizaciones.

El paraíso de los altos sueldos y la productividad cuestionada​

El perfil del prejubilado tipo en Santander no es el del empleado de base. Suelen ser directivos y mandos intermedios con décadas de antigüedad y sueldos que superan con holgura los 50.000 euros anuales. Un cajero puede salir con 3.000 euros netos al mes; un director de oficina, con el doble. La empresa se ahorra el coste de mantenerlos en plantilla —donde su productividad, según algunos análisis, ya no compensa el salario— y los sustituye por perfiles más jóvenes y baratos. El ahorro, sin embargo, no siempre es claro: la indemnización y las cotizaciones diferidas suponen una carga que las grandes compañías trasladan a sus cuentas de resultados.

La controversia es inevitable. Mientras los funcionarios deben esperar hasta los 67 y soportan penalizaciones del 8% por cada año de adelanto, los empleados de banca se retiran más de una década antes sin pérdida sustancial de ingresos. La brecha no pasa desapercibida en un país donde la edad efectiva de jubilación ronda los 65 años para el resto de los trabajadores. Los críticos señalan que estas prejubilaciones son un privilegio reservado a empresas con capacidad de influencia política y económica.

¿Quién paga realmente la fiesta?​

La respuesta es compleja. Por un lado, el coste lo asume la empresa, no el Estado. La «cláusula Telefónica½ obliga a las compañías a reintegrar al Tesoro las prestaciones por desempleo que sus prejubilados cobrarían, lo que evita que el sistema público financie la operación. Por otro, el mantenimiento de cotizaciones por base máxima durante la prejubilación garantiza que el futuro pensionista no merme el sistema. Sin embargo, el efecto cascada existe: cuantos más años cotizados tenga un empleado prejubilado, mayor será su pensión futura, y eso lo paga la Seguridad Social. El matiz es que esas cotizaciones también las abona el banco, no el trabajador.

El debate de fondo es sobre sostenibilidad. Con la edad de jubilación ordinaria subiendo a los 67 años —y el horizonte de los 70 en el discurso de algunos partidos—, un colectivo que se retira a los 55 con el 95% de la pensión parece una anomalía. Los defensores del modelo argumentan que es una forma de rejuvenecer las plantillas y de reconocer décadas de dedicación intensiva. Los detractores, que es otra vuelta de tuerca a la desigualdad entre sectores.

Las cifras que marcan la diferencia​

Los números concretos ayudan a entender la magnitud. Un trabajador que acepte la prejubilación a los 55 años puede recibir una indemnización de 180.000 euros —según un caso de 2011— y percibir mensualmente hasta 3.700 euros netos hasta que cumpla la edad de jubilación. A partir de ahí, la pensión máxima asegurada por las cotizaciones abonadas por el banco. Frente a esto, un trabajador corriente que quiera jubilarse anticipadamente se enfrenta a penalizaciones que reducen su pensión un 8% por año.

La estrategia de las grandes empresas es clara: deshacerse de los empleados más caros mediante estas salidas pactadas, que además evitan traumas reputacionales. La última oleada en Santander, que afecta a mayores de 55 años con convenio, mantiene viva una práctica que en el sector público sería impensable. Pero, como recuerdan algunos análisis, el coste de no hacerlo sería aún mayor: mantener a una plantilla envejecida y cara en un entorno de digitalización y recorte de oficinas.

¿Es el modelo de prejubilaciones premium un lastre para el sistema o una válvula de escape inevitable? La discusión sigue abierta, y los próximos años —con el envejecimiento de la población y la presión sobre las pensiones— determinarán si estas salidas doradas son un lujo del pasado o una herramienta de futuro.