Hacienda exige tributar por alquileres no cobrados: el calvario del pequeño propietario
Los propietarios de viviendas en alquiler que sufren impagos no solo no pueden recuperar su piso, sino que Hacienda les obliga a declarar y tributar por unas rentas que nunca han cobrado. La normativa, basada en el criterio de devengo y no en el flujo de caja real, sitúa al arrendador en una posición insostenible: debe pagar impuestos sobre ingresos inexistentes mientras el inquilino moroso continúa ocupando la vivienda.
La trampa del devengo fiscal
El sistema fiscal español no distingue entre renta cobrada y renta debida. Mientras el contrato de alquiler esté vigente, Hacienda presume que se genera renta, y exige su declaración en el IRPF. Así, un propietario que lleva meses sin recibir un euro debe abonar el impuesto correspondiente, además de seguir pagando suministros como luz y agua para evitar ser acusado de coacciones. La situación es especialmente absurda cuando el inquilino no paga pero tampoco abandona la vivienda, prolongando el ciclo de impago e imposición fiscal.
¿Existe alivio? La deducción a los seis meses
Algunos apuntan que la normativa contempla una deducción: los impagos son deducibles a partir de los seis meses. Sin embargo, esta medida no compensa el daño: el propietario ha tenido que adelantar el impuesto, y la deducción solo reduce la base imponible, no devuelve el dinero ya pagado. Además, el proceso judicial para extinguir el contrato puede alargarse años, durante los cuales Hacienda sigue exigiendo su parte cada ejercicio.
El efecto disuasorio sobre el mercado de alquiler
La consecuencia es predecible: cada vez más pequeños propietarios retiran sus viviendas del mercado de alquiler o las venden a precios inalcanzables para el inquilino medio. Algunos ven detrás una estrategia deliberada para concentrar el parque de viviendas en manos de grandes fondos de inversión, que sí pueden gestionar los impagos y las cargas fiscales. Mientras, la oferta de alquiler se reduce y los precios se disparan, retroalimentando el problema de acceso a la vivienda.
La pregunta que queda en el aire es si esta presión fiscal sobre el pequeño propietario es un error técnico del sistema o una decisión política para remodelar el mercado inmobiliario. Hasta que no se separe el devengo del cobro real, alquilar una vivienda seguirá siendo una ruleta rusa para el arrendador.
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