José Luis Rodríguez Zapatero, entre los 64 investigados en Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero figura en un expediente judicial en Nueva York que investiga a 64 personas por su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro. La información, publicada por Vozpópuli, ha reabierto el debate sobre la posible responsabilidad penal de quienes han actuado como valedores internacionales de la dictadura venezolana. Mientras algunos creen que el escudo institucional le protegerá, otros apuntan a que la justicia estadounidense no olvida ni perdona.
El expediente de Nueva York
Zapatero aparece en un amplio sumario que incluye a políticos, empresarios y funcionarios venezolanos acusados de facilitar el lavado de dinero y el narcotráfico desde Venezuela. La investigación, liderada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ya ha derivado en detenciones y condenas en el pasado. La inclusión del expresidente español no es casual: desde 2003, cuando se negó a levantarse ante la bandera estadounidense durante un desfile del 12 de octubre, su relación con Washington ha sido tensa. Pero el verdadero detonante es su papel como intermediario y defensor del régimen chavista, incluso después de que EE.UU. lo calificara de narco-dictadura.
La postura mayoritaria entre los analistas consultados sostiene que Zapatero está en una situación jurídica delicada, aunque protegido por el entramado institucional español. Sin embargo, la captura de Maduro en enero de 2025 ha cambiado las reglas del juego: ahora los colaboradores del régimen son objetivo prioritario. Un audio filtrado en agosto de 2025 ya especulaba con una orden de arresto contra el expresidente.
¿Protección institucional o jaque mate?
Por un lado, se argumenta que Zapatero goza de la protección del Jefe del Estado y de las instituciones españolas, que históricamente han blindado a sus expresidentes. Ejemplos como los casos de Felipe González o José María Aznar demuestran que, incluso bajo sospecha, ningún exmandatario ha sido procesado en España. Pero la clave está en que la investigación es estadounidense, y la soberanía judicial de EE.UU. no reconoce privilegios diplomáticos para expresidentes extranjeros. La ausencia de un tratado de extradición no ha sido obstáculo en el pasado para que Washington actúe en territorio de terceros.
En el lado opuesto, hay quien minimiza el riesgo: "Si quitar a Zapatero de en medio sirviera para que EE.UU. controlase más materias primas, ya se hubiera hecho", señalan algunos. La influencia de la Casa Real y la dependencia de las bases militares españolas serían un seguro frente a una eventual detención. Pero el hecho de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, esté también en el punto de mira sugiere que la operación va más allá de Venezuela y busca desarticular toda la red de financiación internacional del chavismo.
La pregunta que queda en el aire es si el entramado de protección que rodea a las élites políticas españolas resistirá la presión de una investigación liderada por un Departamento de Justicia estadounidense que, bajo la administración Trump, ha demostrado no tener límites geográficos.
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