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El dilema español: Marruecos, Argelia y el Sáhara como variable económica​

Cada verano, los puertos del sur de España ven pasar vehículos con distintivo marroquí que tardan más de lo previsto en regresar. Esos coches, matriculados como temporales, se quedan meses en territorio español evitando impuestos y revisiones. El asunto no es una simple anécdota fronteriza: forma parte de un debate más profundo sobre la política exterior española hacia Marruecos y el Sáhara Occidental, con efectos directos sobre la balanza comercial.

Hay quien sostiene que España debería haber tomado hace años una postura mucho más dura con Marruecos: apoyar a los saharauis y a los movimientos secesionistas del Rif, sobre todo a la rama rifeña que rechaza el islamismo político, y establecer a Argelia como socio preferente. La lógica económica de esta corriente es clara: las importaciones marroquíes no siempre cumplen la normativa europea –etiquetado, trazabilidad, condiciones fitosanitarias– y sin embargo entran con facilidad en el mercado español. Lo mismo ocurre con los vehículos privados que cruzan cada año y se quedan a vivir a este lado del Estrecho.

El precio de tener un vecino que juega a dos barajas​

Marruecos ha aprendido a usar la migración como herramienta de presión: cuando las políticas no le gustan, los flujos hacia Ceuta y Melilla se disparan. La respuesta española ha sido siempre la misma: más dinero, más cooperación y silencio diplomático sobre el Sáhara. Pero el coste de ese silencio también se paga en euros renovados cada año. La alternativa argelina, sostenida por gas y una relación estratégica con el Frente Polisario, aparece en el debate como el camino que el Gobierno evita por miedo a las represalias marroquíes.

No es una discusión nueva. Hay lecturas históricas que comparan la España actual con la de hace un siglo: una potencia decadente pero con una política exterior y una cohesión social saludables, capaz de no ceder ante las presiones externas. La comparación, aunque discutible, refleja una demanda de firmeza que trasciende lo económico y se adentra en la autoestima nacional.

Una encrucijada sin salida fácil​

La cuestión de fondo es simple: España no puede permitirse romper con Marruecos –demasiados intereses comerciales y de seguridad lo impiden–, pero tampoco puede ignorar los costes de una sumisión que algunos lectores consideran humillante. La economía manda, pero la economía es justamente la que no cuadra: si los productos marroquíes compiten en desigualdad, si los coches no pagan lo que deberían, si Argelia ofreciera mejores condiciones energéticas… ¿cuánto más durará el equilibrio?

No hay respuesta cerrada. Y por ahora, el silencio presupuestario lo dice todo.