¿Habría evitado la libre portación el asesinato de una guardia civil?
La gloria de Laura, agente de la Guardia Civil abatida a tiros por su expareja en el cuartel de Llanes, ha reabierto el debate sobre la libre portación de armas. Según las informaciones citadas, el agresor, también guardia civil, tenía antecedentes de VIOGEN y le habían retirado el arma reglamentaria. Aun así, usó un arma robada a un compañero y se desplazó expresamente desde Zamora a Llanes para cancelar. Progenitora de tres descendientes, Laura estaba plenamente integrada en la vida social del pueblo; en el cuartel recordaban que “había que hacer 300 bocadillos y allí estaba la primera, nunca fallaba”.
Un control de armas que ya había fallado
El caso concentra todas las contradicciones del control de armas en España. El sistema VIOGEN había detectado el riesgo y el agresor fue separado de su arma oficial. Pero esa medida no evitó que accediera a otra pistola, robada a un compañero. Quienes defienden la libre portación sostienen que la víctima, también armada, habría tenido más opciones de defenderse. Quienes se oponen recuerdan que el ataque fue premeditado y que ninguna pistola en el cajón garantiza reacción ante quien viaja con la intención de cancelar.
La disyuntiva: armar a la víctima o desarmar al agresor
El debate apunta a un fallo anterior: la dificultad práctica de retirar todas las armas a quien tiene antecedentes de violencia de género. Una corriente sostiene que la libre portación habría funcionado como disuasión; otra, que convertiría a la Guardia Civil en un cuerpo con más armas en circulación y más riesgo de sustracción. El análisis no resuelve la cuestión. Termina con una evidencia incómoda: en este caso, la víctima no murió por falta de armas, sino porque el arma que debía estar controlada acabó en manos del agresor.