Begoña Gómez cambia de abogado: ¿estrategia o desesperación?
Nadie cambia de abogado a las puertas del juicio sin una razón de peso. La mujer de Pedro Sánchez ha relevado a su anterior defensa —un exministro y exfiscal— por un penalista de primer nivel, y lo ha hecho justo cuando el juzgado se disponía a abrir juicio oral. El nuevo letrado ya ha presentado un escrito solicitando una ampliación del plazo para presentar la defensa, que según fuentes judiciales podría alargarse entre tres meses y un año.
La maniobra: ganar tiempo o cambiar de rumbo
La lectura más extendida es que el cambio busca retrasar el procedimiento. La pregunta clave es por qué alguien que confía en su inocencia querría demorar un juicio. Una corriente apunta a que el anterior equipo —con altas conexiones políticas— no logró frenar la imputación, y ahora se opta por un abogado especializado en juicios complejos con jurado popular. Otra hipótesis, más cruda, sostiene que el movimiento es propio de quien ve la causa perdida y necesita tiempo para recomponer una estrategia que evite la condena.
El contexto: indultos y sombras financieras
El relevo coincide con una oleada de indultos parciales aprobados por el Consejo de Ministros, entre ellos el de Laura Borràs, expresidenta del Parlament condenada por corrupción. Para algunos analistas, la coincidencia no es casual: si el Ejecutivo está dispuesto a conmutar penas a políticos afines, el equipo de Gómez podría estar calculando que un retraso suficiente le permita beneficiarse de un cambio en la Fiscalía o de una eventual medida de gracia. En paralelo, la UDEF investiga los movimientos de una cuenta bancaria del expresidente del Gobierno y su esposa, que cancelaron de golpe una hipoteca de medio millón de euros. El origen de los fondos para costear una defensa de élite también ha abierto interrogantes.
Dos visiones enfrentadas
Por un lado, quienes creen que es una simple maniobra procesal para preparar mejor el caso —algo habitual en causas complejas—. Por otro, los que interpretan el cambio como una admisión implícita de que la situación es insostenible. Ambas posturas coinciden en que el juicio será un test de fuego para el relato oficial que hasta ahora ha mantenido el presidente sobre la independencia de su familia respecto a su actividad política.
Con los plazos judiciales en marcha y sin garantías de que la ampliación sea concedida, el movimiento de Gómez huele más a pólvora que a templanza. Si la estrategia era esperar a que el viento político sople a favor, el calendario judicial corre en contra. La pregunta que queda en el aire es si la justicia llegará antes que el indulto.