La fuga del gerocultor que agredía a una paciente con alzhéimer: una cadena de fallos
El pasado 30 de julio, la UFAM recibió un caso que hubiera debido activar todos los protocolos: un gerocultor, Héctor A. C., de 57 años, había confesado a una compañera que agredía sexualmente a una residente de 83 años, con alzhéimer avanzado, desde hacía ocho meses. Otra trabajadora los sorprendió. El juzgado ordenó prisión inmediata para cuando fuera arrestado. Pero cuando la policía acudió el 1 de agosto, el sospechoso ya no estaba: se había ido de «vacaciones». Nadie sabe dónde.
La paradoja es que el sistema se movió con cierta celeridad judicial, pero la detención no se materializó. El sospechoso tenía residencia oficial en Carabanchel y un segundo domicilio; vacíos en ambos. La orden de busca es nacional, pero el tiempo perdido abre la posibilidad de una fuga internacional.
El papel de la empleadora: ¿priorizó el despido sobre la denuncia?
Un dato relevante: la residencia, en lugar de llamar a la policía de inmediato, optó por despedir al trabajador y luego denunciar. La secuencia inversa podría haber evitado la fuga. Queda la pregunta de si la empresa priorizó sus procedimientos internos sobre la seguridad de la víctima.
La ironía de la regularización en el debate
Entre las reacciones, no falta quien señala que, de acogerse a procesos de regularización o cambiar de identidad, eludir la justicia puede ser más sencillo de lo que parece. No es un dato confirmado, pero la percepción de impunidad alimenta el escepticismo sobre la eficacia del sistema.
Con un sospechoso sin antecedentes, una víctima incapaz de defenderse verbalmente, y una residencia que actuó tarde, la pregunta queda en el aire: ¿cuántos casos similares no llegan a conocerse?