Una publicación viral sostiene que grupos de izquierda y propalestinos destruyeron varios barrios de Montreal y que la policía recibió la orden de no actuar. El mensaje no cita fuentes, no aporta pruebas y atribuye el caos a un gobierno "de izquierdas".
La publicación que ha circulado estos días es breve y contundente. Atribuye a "extremistas de izquierda y sus aliados islamo-yihadistas propalestinos" la destrucción de "varios barrios de Montreal". Añade un detalle que dispara la indignación: la policía habría recibido la orden de no intervenir. Y cierra con una interpretación política: el gobierno de Canadá es "actualmente de izquierdas".
Qué dice exactamente la publicación
El texto no identifica a ningún grupo concreto, no menciona detenidos, no cita partes policiales ni fechas. Tampoco aporta imágenes propias ni enlaces a medios. Se limita a describir un escenario de caos urbano y a señalar una supuesta pasividad policial. Esa ausencia de verificación es relevante: cualquier lector puede comprobar que no hay nombres, cifras ni comunicados oficiales que respalden lo que se afirma.
El contexto de las protestas propalestinas en Canadá
Las universidades canadienses han sido escenario de campamentos y protestas propalestinas desde 2024, con episodios de tensión y desalojos. Montreal, sede de McGill, ha concentrado buena parte de esas movilizaciones. Es un hecho establecido que ha habido acampadas y acciones de protesta, y también intervenciones policiales. Lo que la publicación no demuestra es que esas protestas equivalgan a la destrucción de barrios enteros ni que exista una orden de no intervenir.
Por qué importa el marco económico
Canadá afronta un debate sobre gasto público, vivienda y coste de vida que condiciona su política. El país celebró elecciones federales en abril de 2025, con cambio de gobierno. Atribuir disturbios a un ejecutivo concreto sin pruebas es una forma de trasladar la disputa política al terreno económico: quién paga la factura de los daños, qué cubre el seguro y cómo afecta a la confianza inversora. Sin datos verificables, ese debate se queda en el terreno de la opinión.
La orden de no intervenir, sin respaldo
La afirmación más grave es la de la orden policial. No aparece respaldada por ninguna fuente oficial en el texto. Las policías canadienses han actuado en desalojos de campamentos universitarios, según registros públicos. Dar por hecho que existe una directriz de inacción exige una prueba que aquí no se ofrece. Tratar una sospecha como un hecho es, precisamente, lo que convierte una publicación en un bulo.
