Sociedad: Se endeuda 210k para dárselo todo a su pareja: ¿qué opináis?

Un contrato de 210.000€ y 35 años convierte la sumisión en deuda​

Hay una cifra que ordena todo el asunto: 210.000 euros. No es una hipoteca, ni un préstamo para un negocio, ni una indemnización por despido. Es la cantidad que un hombre dice haber aceptado deber a quien se presenta como su ama, con un contrato de reconocimiento de deuda redactado por un abogado, imprimido y dispuesto para firma ante notario. El plazo: 35 años. La escena, según el propio interesado, se celebró como un día «genial» y de «felicidad pura». La duda razonable es si eso es amor, negocio o una combinación de ambas cosas que la ley no sabe muy bien cómo clasificar.

La primera reacción de cualquiera con dos dedos de frente es hacer la división. 210.000 entre 35 son 6.000 euros al año, unos 500 al mes. Un alquiler de un piso pequeño en muchas capitales. Un plan de pensiones privado. Una hipoteca de las de antes. La diferencia es que aquí no hay ladrillo, no hay interés compuesto a favor del acreedor y no hay activo subyacente. Solo una relación de poder que se ha decidido vestir con papel notarial.

¿Es legal un contrato de sumisión económica ante notario?​

Sobre el papel, un reconocimiento de deuda es un documento perfectamente válido si concurren consentimiento, objeto y causa. El problema aparece cuando uno de los tres cojea. La primera objeción que surge es la del vicio de la voluntad: si el deudor actúa por una alteración psíquica o emocional que le impide prestar un consentimiento libre, el contrato es nulo. Es la tesis que sostiene la lectura más jurídica del asunto, y no es descabellada.

La segunda objeción es más prosaica: Hacienda. Si el dinero se entrega como regalo o como pago por servicios, alguien tiene que declararlo. En el caso de donaciones entre particulares, existe un impuesto específico. En el caso de pagos por servicios personales, existe una actividad económica. En ninguno de los dos escenarios el notario hace la declaración por ti. La broma fiscal puede acabar siendo más cara que el contrato.

Y la tercera objeción es la de siempre: la ley protege al que firma con la cabeza nublada, no al que firma con la cabeza clara. Si el deudor es consciente y voluntario, el ordenamiento jurídico tiende a respetar su autonomía. Si no lo es, el contrato se cae. La frontera entre una cosa y otra es exactamente lo que nadie ha definido todavía.

El negocio real: publicidad, captación y dinero que no existe​

Aquí conviene bajar del plano legal al plano práctico. La escena del contrato notarial tiene un valor publicitario evidente. En el ecosistema de la dominación financiera, el contenido es el producto. Un contrato de 210.000 euros genera capturas de pantalla, tuits, respuestas indignadas y, sobre todo, nuevos sumisos dispuestos a tributar. La cifra alta no es un accidente: es el anzuelo.

La sospecha más extendida entre quienes conocen ese mundillo es que buena parte de los tributos que se exhiben son falsos. El mecanismo sería sencillo: se transfiere dinero a uno mismo, se sube la captura, se espera a que otros sumisos lean la cifra y se animen a participar. Cuanto más alta es la cantidad, más probable es que sea escenografía. Incluso se documenta la existencia de perfiles falsos de sumisos que adoran a una única diosa, gestionados por la propia diosa o por su entorno.

Eso no significa que el mercado no exista. Significa que la parte visible del mercado está diseñada para parecer más grande de lo que es. La dominación financiera es un negocio de captación, y la captación se hace con escaparate. El contrato de 210.000 euros es, en el mejor de los casos, un escaparate con notario. En el peor, un escaparate sin notario y con Photoshop.

Quién paga y quién cobra: el perfil del sumiso financiero​

La pregunta interesante no es por qué alguien acepta deber 210.000 euros. La pregunta es por qué alguien quiere deberlos. La respuesta que da la psicología del dinero es que la deuda es una forma de vínculo. Debe algo a alguien quien no puede marcharse sin consecuencias. La deuda crea pertenencia, obligación y una forma de intimidad que no depende del afecto recíproco.

En el caso concreto, el deudor no parece un anciano confundido ni una víctima de una estafa telefónica. Parece un adulto que ha decidido, con plena consciencia, entregar una parte relevante de su futuro económico a cambio de una relación. La reacción social mayoritaria ha sido la burla, no la compasión. Y esa burla tiene una lógica: cuando alguien se empobrece a propósito, el resto tiende a reírse antes que a socorrer.

Hay, sin embargo, una lectura menos cómoda. Si el contrato es nulo por vicio de la voluntad, el deudor es un enfermo y la acreedora es una aprovechada. Si el contrato es válido, el deudor es un adulto y la acreedora es una profesional. La sociedad no ha decidido todavía cuál de las dos lecturas prefiere, y probablemente no lo hará hasta que alguien incumpla y los tribunales tengan que elegir por ella.

El precedente que nadie quiere mirar: deuda voluntaria y libertad individual​

El asunto conecta con una discusión más amplia que la escena concreta. ¿Hasta dónde puede llegar la autonomía de una persona para empobrecerse voluntariamente? La respuesta tradicional es: hasta donde no dañe a terceros. La respuesta moderna añade un matiz: hasta donde no sea explotación. La frontera entre ambas es el territorio donde viven los contratos de sumisión, las sectas, los préstamos entre amigos y las relaciones de dependencia económica.

En España, la legislación protege al consumidor frente a cláusulas abusivas, pero no frente a sí mismo. Un particular puede regalar su patrimonio, endeudarse hasta el cuello o firmar un contrato leonino si lo hace libremente. La protección aparece cuando hay engaño, violencia, intimidación o error. En el caso del contrato de 210.000 euros, ninguna de esas cuatro cosas está probada. Solo está la sospecha.

La consecuencia práctica es que el contrato puede ser perfectamente ejecutable durante años, o puede caerse en el primer juzgado que lo mire. Depende de un juez, de un informe pericial y de la habilidad de los abogados. Mientras tanto, el deudor seguirá pagando o fingiendo que paga, y la acreedora seguirá cobrando o fingiendo que cobra. El espectáculo continúa.

El final abierto: nadie sabe cómo acaba esto​

Lo único seguro es que el asunto ha dejado de ser privado. Las cuentas implicadas han restringido o eliminado parte de su contenido público, y ha circulado la hipótesis de que alguien haya trasladado el caso a la Agencia Tributaria. Es una hipótesis, no un hecho confirmado. Pero encaja con el patrón: cuando la cifra es alta y el contrato es notarial, el fisco aparece antes o después.

La predicción con reservas es la siguiente. Si el contrato existe y se ejecuta, alguien tendrá que declarar los pagos y alguien tendrá que justificar la deuda. Si el contrato no existe y era escenografía, el asunto se disolverá en el olvido digital en unos meses. En ambos escenarios, el debate sobre la deuda voluntaria seguirá sin resolverse, porque la ley no está diseñada para personas que eligen libremente lo que la mayoría considera una mala decisión.

Queda una curiosidad que resume el caso mejor que cualquier análisis: la cantidad, dividida por el plazo, da 6.000 euros al año. Es una cifra modesta. Cualquiera con un sueldo medio podría pagarla sin arruinarse. Lo llamativo no es el importe. Lo llamativo es que alguien haya necesitado un notario para convertir una relación en una obligación de treinta y cinco años.