Sánchez ruge ahora por mar1carmen, pero en 2018 pidió a los 'fondos buitre' invertir en España

De los fondos buitre en 2018 a la acampada en Sol por Maricarmen​

En 2018, el mensaje desde La Moncloa a los inversores internacionales era que España era un buen sitio para poner dinero en ladrillo. Según recoge The Objective, Pedro Sánchez animó entonces a los llamados fondos buitre a invertir en el país. Años después, ese mismo Gobierno pide a los propietarios que arrimen el hombro y contengan los alquileres. El contraste es el eje de todo lo que se discute alrededor del decreto Maricarmen.

El giro de 2018 a 2020: de atraer fondos a pagarles las ayudas​

No fue solo un cambio de discurso. En 2020, el decreto antidesahucios aprobado en plena crisis sanitaria incluyó ayudas económicas a bancos y grandes tenedores de vivienda, según recogió Izquierda Diario. Unidas Podemos cedió ante el PSOE y aceptó compensar a los grandes propietarios para garantizar la continuidad de sus ingresos. La factura, en aquel episodio, la pagó el erario público.

La paradoja resulta difícil de sostener en un mitin. Primero se invita al capital extranjero a comprar vivienda; después se le compensa cuando el inquilino no puede pagar; y, por último, se reclama al propietario de a pie que renuncie a subir la renta. Cada pieza suena razonable por separado. Juntas, dibujan un patrón incomodísimo.

El partido con más diputados rentistas tras Junts y Bildu​

El PSOE es el partido con más diputados rentistas del Congreso después de Junts y Bildu, según El Debate. El dato, incómodo para quien hace bandera del control de precios, se cruza con otro: la ministra de Vivienda, propietaria de siete inmuebles, pide solidaridad a los caseros para bajar los alquileres. Hay quien lo despacha como anécdota patrimonial; en contra pesa el argumento de que quien legisla sobre arrendamientos no debería sentarse en el lado del arrendador. La coincidencia, como mínimo, invita a la sonrisa torcida.

¿Quién paga el impago de un inquilino vulnerable?​

Es la pregunta que vertebra el pulso. Tras el caso de Maricarmen, el Gobierno ha planteado que sean las comunidades de vecinos las que cubran los impagos de los inquilinos vulnerables, además de los suministros pendientes, según el borrador que publicó The Objective. La medida traslada el coste a los propietarios organizados, no al Estado.

Ahí arranca el problema de encaje. A un gran tenedor con un piso vacío o alquilado la broma le afecta poco. Si el señalado es el casero con un único inmueble que necesita esa renta para pagar su hipoteca, la cuenta cambia de arriba abajo. La solidaridad, según a quién se le pida, pesa distinto.

La protesta en Sol: «O cae el rentismo o cae el Gobierno»​

La marcha que exige el decreto Maricarmen desembocó en una acampada en la Puerta del Sol. El lema que resume la protesta, «O cae el rentismo o cae el Gobierno», pone la diana en los propietarios antes que en los fondos. Y es justo ahí donde el análisis se atasca.

Un cálculo que circula atribuye a los fondos institucionales en torno al 8% de los pisos en alquiler. El 92% restante correspondería a propietarios particulares. Si esa proporción se sostiene, el «rentista» de la pancarta y el arrendador real no son el mismo señor. Nadie ha publicado todavía un censo que lo confirme o lo desmienta.

Pedir solidaridad a quien tiene siete pisos y a quien tiene uno con una hipoteca encima es pedir lo mismo a dos sujetos que no se parecen en nada. El decreto, de momento, no distingue. La acampada tampoco.