Sánchez quiere dar el ingreso mínimo a los residentes en el extranjero.

Sánchez extiende el IMV a los residentes en el extranjero​

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pueda cobrarse también residiendo fuera de España. La medida, que según los críticos se ha aprobado por decreto, rompe con la práctica anterior: hasta ahora, una pensión no contributiva se retiraba si se residía más de 90 días fuera del país. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre quienes ven en ella un nuevo instrumento de compra de votos y un incentivo para que los perceptores se marchen.

El IMV viaja al extranjero

La extensión del IMV a los residentes en el extranjero ha sido recibida con incredulidad en amplios sectores. La primera objeción es de control: «¿cómo saben si en el otro país están trabajando o no?», se pregunta un participante. La segunda es de equidad: mientras se anuncia que hay que aumentar la edad de jubilación, que no hay dinero para la ELA o que hay que subir impuestos, se destina dinero público a quien reside fuera. Y la tercera es de incentivos perversos: si el IMV se puede cobrar en el extranjero, se argumenta, muchos perceptores se marcharán a países donde ese dinero cunde más, dejando aquí a los que sostienen el sistema.

¿A quién beneficia realmente la medida?

Hay quien sostiene que la medida está diseñada para que se marchen los perceptores de origen migrante nacionalizados, que con 500 o 600 euros viven bien en Ecuador o Colombia, y que de aquí a unos años cortarán el grifo y esa gente no volverá. Otros creen que el dinero acabará en Marruecos, financiando el consumo allí en lugar de aquí. Y una tercera corriente, más minoritaria, ve en la medida una oportunidad: si esos perceptores se van, se liberan habitaciones y pisos que ahora ocupan hacinados, y se descongestiona el metro de Madrid o Barcelona. El cálculo completo, con los flujos y los ahorros de vivienda, da resultados que sorprenden.

La sospecha de compra de votos

La acusación más repetida es la de compra de votos. «Comprando votos y redes clientelares en 3,2,1», resume un participante. La extensión del IMV a residentes en el extranjero se interpreta como una forma de asegurarse el voto de los españoles en el exterior, un colectivo tradicionalmente movilizado. La sospecha se refuerza con el hecho de que la medida se haya aprobado por decreto, sin pasar por el Parlamento. Quienes defienden la medida argumentan que se trata de una prestación no contributiva y que los residentes en el extranjero también tienen derechos. Quienes la critican responden que si no hay dinero para la ELA, tampoco lo hay para pagar el IMV fuera de España.

El precedente de las pensiones no contributivas

Hasta ahora, una pensión no contributiva se retiraba si se residía más de 90 días fuera del país. La extensión del IMV rompe ese criterio y abre la puerta a que otros colectivos —expresidentes, exministros, jubilados— reclamen el mismo trato. «Si se da el mínimo vital, ¿por qué no cualquier tipo de pensión?», se pregunta un participante. La medida, además, se enmarca en un contexto de gasto público creciente y de presión sobre las cuentas. El dinero, recuerdan algunos, no existe: se está «inventando».

¿Qué pasa con los que ya residen fuera?

Los residentes españoles en el extranjero que ya cobran una prestación tendrán que demostrar su derecho. «Vas a la embajada, demuestras que tienes derecho a voto y te dan una paguita», ironiza un participante. La medida, según los críticos, convierte el IMV en un instrumento de política exterior y de captación de votos. Para los defensores, se trata simplemente de equiparar derechos. El debate sigue abierto: ¿es el IMV una red de seguridad o una herramienta clientelar?