La sombra del pucherazo: Sánchez y el voto de los descendientes
La modificación de la Ley de Memoria Democrática ha reabierto el debate sobre el fraude electoral. Una instrucción firmada por la hermana de Óscar Puente establece que se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esto elimina, de facto, la necesidad de probar dicha condición, lo que podría permitir el voto masivo de descendientes sin arraigo ni residencia en España. Críticos ven en esta medida una forma de pucherazo electoral, al ampliar el censo con personas sin vínculo real con el país.
¿Reparación histórica o manipulación del censo?
La ley original, de octubre de 2022, buscaba reconocer a quienes padecieron persecución durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, la instrucción posterior ha sido calificada por algunos como un "coladero" que abre la puerta a que miles de descendientes se inscriban en el censo sin apenas requisitos. La oposición sostiene que es una maniobra para sumar votos en unas elecciones ajustadas. Desde el Gobierno se argumenta que es una ampliación de derechos histórica. Mientras, en círculos económicos se alerta del coste de unas elecciones marcadas por la sospecha de fraude.
Propuestas de reforma electoral
Ante esta situación, han surgido voces que piden una reforma electoral en profundidad: eliminar el voto por correo (como ya hicieron Francia y Portugal en 1978 por ser propenso al fraude), elevar la edad mínima de voto a 21 años y establecer una barrera del 5% para obtener escaño. También se plantea limitar el voto de mayores de 74 años. Estas propuestas, aunque polémicas, reflejan la desconfianza en el sistema actual. Por ahora, la discusión sigue abierta, sin consenso a la vista.