Sánchez y el referéndum republicano: ¿traca final o humo judicial?
El rumor de que Pedro Sánchez impulsará un referéndum sobre la monarquía y el modelo plurinacional de España, justo cuando sus problemas judiciales se agravan, ha reavivado un debate que lleva meses cociéndose a fuego lento. La maniobra, según las conversaciones analizadas, se presenta como una “traca final” para desviar la atención de los procesos judiciales que amenazan al presidente. Pero ¿es viable o solo una cortina de humo?
El plan: un referéndum no vinculante para salvarse de la cárcel
La idea que circula es la siguiente: convocar una consulta sobre la jefatura del Estado, acompañada de una redefinición plurinacional de España. Aunque el referéndum no sería vinculante —carecería de efectos legales inmediatos—, la presión social forzaría una salida pactada del Rey. El precedente de 1931 —cuando Alfonso XIII se exilió tras unas elecciones municipales— se invoca como analogía. Un sector sostiene que Sánchez no necesita mayorías cualificadas; le basta con generar un terremoto político que nuble cualquier rendición de cuentas.
Los escollos: constitucionales y políticos
La Constitución de 1978 no prevé un referéndum directo sobre la monarquía sin reforma previa. Cualquier modificación del Título II exige dos tercios de ambas Cámaras, disolución de las Cortes y nuevo referéndum. Un camino enrevesado que, según los analistas, hace improbable que Sánchez lo transite sin el apoyo del PP o de una mayoría muy amplia. Además, el PSOE es un partido históricamente monárquico; forzar la salida de Felipe VI podría fracturar al partido y al propio Gobierno. Los independentistas, por su parte, ya exigen un “combo” que incluya asimetría fiscal, lo que aleja aún más cualquier consenso.
¿Distracción o estrategia real?
La mayoría de las lecturas coinciden en que el referéndum es, ante todo, una maniobra de distracción. Con la presión de los tribunales y el desgaste del ejecutivo, Sánchez necesitaría un “cisne negro” que agite el tablero. Sin embargo, algunos advierten de que el presidente no es el primero que intenta un órdago de este calibre, y que la Corona tiene mecanismos de protección que no han fallado en casi medio siglo. La duda es si la ciudadanía compraría el envite o lo percibiría como oportunismo.
Si la jugada sale adelante, el resultado sería imprevisible. Lo único seguro es que, a 42 días de las primeras filtraciones, el debate sigue abierto y la estrategia de Moncloa, bajo el microscopio.