Sánchez en la diana del juez Calama por el rescate a Plus Ultra
¿Por qué el presidente del Gobierno debería estar preocupado tras la declaración de Julio Martínez en el caso Plus Ultra? La respuesta está en un giro de 180 grados que ha dado la investigación. Hasta ahora, el foco estaba en los intermediarios y en la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalado por haber cobrado una comisión por sus gestiones. Pero la declaración de Martínez, directivo de la aerolínea, ha abierto una nueva línea que apunta directamente a la decisión del Gobierno de coalición de conceder el rescate de 53 millones de euros.
Según la información que maneja el juez Calama, la compañía Plus Ultra ha admitido que Zapatero cobró una “mordida” por sus labores de acompañamiento. El presidente de la aerolínea, junto al directivo Roberto Roselli, ha decidido colaborar con la justicia y ha presentado un escrito detallado al juez. Las cuatro cartas remitidas a la Audiencia Nacional señalan al ex presidente, y el temor en Moncloa es que la investigación escale ahora hacia la cúpula del actual Gobierno.
Lo que cambia con la declaración de Martínez es que ya no se trata solo de comisiones opacas. El juez quiere reconstruir el proceso completo: quién decidió el rescate, con qué criterios y si hubo presión política. Sánchez, que era presidente del Gobierno en ese momento, se convierte así en el siguiente escalón de la investigación. No es una cuestión de desgaste político; es un riesgo penal tangible. Como ironizó un analista, la pregunta es cuánto tardará el juez en llamar a declarar al actual inquilino de la Moncloa.
La gravedad del asunto reside en que, de confirmarse las sospechas, el delito podría ser muy serio, con implicaciones de lavado de dinero de capitales a entidades internacionales. Una condena en este caso superaría incluso la de Ábalos, según apuntan los análisis jurídicos. El tiempo corre: 72 horas es el plazo que algunos observadores dan para el siguiente movimiento judicial.