Sánchez convierte en negocio sus viviendas públicas: oferta alquileres de 1.000 euros en pueblos de 8.000 habitantes

El Gobierno alquila pisos públicos a más de 1.000 euros en pueblos de 8.000 habitantes​

¿Alquiler social? Más bien alquiler a precio de mercado. El presidente Pedro Sánchez celebró el lunes el lanzamiento de 1.200 viviendas públicas a través de la entidad Casa 47, pero los precios que se ofrecen en su web tienen poco de asequibles. En Vidreres (Gerona, 8.860 habitantes), un piso de tres habitaciones se alquila por 1.012 euros mensuales. En San Antonio de Benagéber (Valencia, 11.000 vecinos), uno de cuatro habitaciones alcanza los 1.066 euros. No son casos aislados: muchos arrendamientos rondan o superan los 1.000 euros, incluso en municipios pequeños.

Promesas incumplidas a la vista​

La cifra de 1.200 viviendas contrasta con las 300.000 prometidas por el Ejecutivo hace ocho años. La oposición no tardó en señalar la desproporción, pero el Gobierno se limitó a destacar su compromiso. Mientras tanto, el alquiler medio sigue disparado, y las soluciones públicas parecen diseñadas para recaudar, no para facilitar el acceso a la vivienda. En lugares como Barakaldo, donde la renta está congelada por ser zona tensionada, un piso céntrico de tres habitaciones se alquila por 600 euros, pero los inquilinos no pueden actualizarlo. Irónicamente, la intervención pública no beneficia a quienes más la necesitan.

El precio de vivir en un pueblo​

Hay quien defiende que estos precios se deben a que los municipios pequeños cercanos a grandes ciudades son refugios de rentas altas. Sin embargo, los datos muestran que incluso en pueblos de menos de 10.000 habitantes los alquileres públicos superan la media nacional. La pregunta es si el Ministerio de Vivienda está más interesado en llenar sus arcas que en resolver la crisis. Por ahora, el resultado es que la vivienda pública se ha convertido en un negocio más, con precios que nada tienen de sociales.

¿Una solución o un nuevo problema?​

La estrategia del Gobierno parece ser la de ofrecer viviendas a precios de mercado pero con el sello de «público». El escepticismo crece: ¿quién puede pagar 1.000 euros en un pueblo de 8.000 habitantes, donde el salario medio es inferior al de las grandes urbes? La respuesta es que muy pocos. Mientras tanto, la promesa de 300.000 viviendas se queda en 1.200. Quizás el siguiente paso sea rezar para que el mercado se ajuste solo, porque la intervención pública no está ayudando.