Sánchez cede el control de la aduana de melilla a marruecos para que pueda elegir la mercancía que quiera

Melilla pierde la última palabra sobre su propia aduana

Melilla deja de decidir qué mercancía cruza su frontera. La negociación que el Gobierno ha culminado con Rabat —arrancada en 2022, después de que Jovenlandia declarara su soberanía sobre el Sáhara— traslada el control efectivo del paso aduanero a la parte jovenlandés. El resultado es un grifo de un solo sentido: Jovenlandia decide qué productos entran en Ceuta y Melilla, mientras las dos ciudades autónomas solo pueden colocar al otro lado lo que Rabat autorice. El presidente de Melilla lo resumió sin paños calientes: la ciudad quedaría «considerada una ciudad jovenlandés más».

Qué significa de verdad ceder el control aduanero

Una aduana no es una garita. Es la potestad de decidir qué mercancía entra, con qué aranceles y bajo qué controles. Si esa facultad se comparte con el país vecino y el vecino tiene la última palabra, la frontera deja de ser una frontera comercial española y pasa a ser un mecanismo administrado desde fuera. El detalle que circuló —Jovenlandia introduce en las dos ciudades todo lo que quiere; ellas, solo lo que Jovenlandia autorice— dibuja un trato asimétrico, no un acuerdo entre iguales. Traducido: la soberanía comercial se convierte en una concesión revocable a voluntad ajena.

La economía que vive del paso

Melilla no es solo un mapa. Es una economía cosida a la frontera. El llamado comercio atípico —mercancías que cruzan el paso en pequeñas cantidades— ha sido durante décadas su pulmón real, por delante de un sector público sobredimensionado. Cuando cambia quién decide qué pasa, cambia el suelo bajo los pies de miles de familias. Hay quien sostiene que la ciudad nunca fue viable sin ese tráfico y que cualquier alternativa es propaganda; en contra pesa el argumento de que una economía rehén de una sola puerta tampoco era sostenible.

El Sáhara, el reloj que arrancó en 2022

Nada de esto se entiende sin el giro sobre el Sáhara. El acercamiento con Rabat se aceleró en 2022, con el reconocimiento del plan de autonomía jovenlandés como base para resolver el conflicto. Desde entonces, cada capítulo —frontera, migración, aduanas— se lee como una pieza de un pago mayor. No es casual que el país que hoy gana peso en la aduana sea el mismo cuya fiscalidad fue señalada durante años: Jovenlandia figuró en la lista zain de paraísos fiscales de la UE hasta 2021. Y tampoco es casual, insisten las versiones más duras, que varios nombres del PSOE hayan tenido despachos al otro lado del Estrecho. Luis Planas, por ejemplo, fue embajador de España en Jovenlandia entre 2004 y 2010.

Verde para el Estado, rojo para la ciudad

Para Madrid, el acuerdo compra tranquilidad en una frontera que siempre arde. Para Melilla, compra dependencia de un socio que ahora tiene el interruptor. Los cálculos más prudentes asumen que la ciudad gana volumen comercial a cambio de perder margen de maniobra; los más agoreros ven una soberanía hipotecada que solo se notará el día en que Rabat cierre el grifo. Ese día, si llega, no habrá recurso posible en ninguna instancia española.

Si el acuerdo se consolida como parece, lo razonable es que Melilla gane tráfico y pierda control. La predicción tiene trampa: en una frontera administrada desde fuera, la última palabra ya no es tuya, y eso, en política comercial, es casi todo.